Denuncian que alias Tom y otros cabecillas financiaron fiesta de 500 millones en cárcel de Itagüí

Nuevos y comprometedores detalles han surgido en torno a la reciente fiesta vallenata realizada en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Según denuncias presentadas por la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, el evento habría sido financiado por Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, junto a alias Chirri y alias Pocho, cabecillas de la estructura criminal La Agonía. La celebración, que habría tenido un costo cercano a los 500 millones de pesos, se realizó con motivo del cumpleaños de alias Pocho.

La denuncia detalla que la jornada festiva comenzó desde tempranas horas del día e incluyó el ingreso de licores, comida especial y numerosos invitados vinculados a los cabecillas que participan en la mesa de diálogos de paz urbana con el Gobierno Nacional. Tras las inspecciones, se reportó el hallazgo de elementos irregulares dentro del penal, tales como hornos microondas, barriles para asados y diversos utensilios de cocina, lo que refuerza las versiones sobre la existencia de celdas con comodidades superiores a las permitidas por el reglamento carcelario.

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Por otro lado, la concejal Leticia Orrego calificó la situación como una muestra de la pérdida de control institucional y lanzó una grave advertencia sobre la presunta presencia de menores de edad durante los excesos de la fiesta. Reportes ciudadanos y videos en investigación sugieren que al menos 16 vehículos de alta gama ingresaron al recinto, transportando a personas cercanas a los detenidos y mujeres que habrían permanecido en el centro de reclusión durante el evento.

La polémica ha generado fuertes cuestionamientos hacia la gestión del Inpec y la política de Paz Total del Gobierno Nacional. Carrasquilla criticó además que, pese a las irregularidades, el jefe de custodia del penal, teniente Freddy Cipriano, fuera trasladado en lugar de recibir una sanción formal. Para las denunciantes, estos hechos evidencian una preocupante falta de autoridad en uno de los centros de reclusión más custodiados del país, lo que debería acarrear responsabilidades administrativas para los altos directivos de la entidad.

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