Defensoría alerta graves vulneraciones de derechos humanos en cárceles y centros de detención

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la persistencia de graves vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en cárceles y centros de detención transitoria del país.

Los hallazgos quedaron consignados en el “Informe de contraste al XIX informe del Gobierno nacional sobre el estado de cosas inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario”, elaborado tras visitas de inspección realizadas durante el segundo semestre de 2025 a Centros de Detención Transitoria (CDT) y Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (Eron).

Según la entidad, persisten fallas estructurales como infraestructura obsoleta, hacinamiento crítico, deficiencias en la alimentación y afectaciones en los procesos de resocialización, especialmente de mujeres privadas de la libertad.

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La Defensoría también manifestó preocupación por el incumplimiento de municipios y departamentos frente a su obligación legal de atender a la población sindicada, situación que ha profundizado las vulneraciones en el sistema penitenciario.

En materia de alimentación, el informe reveló que apenas el 20% de los municipios subsidiados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios presentó planes para asumir este servicio.

Además, la entidad evidenció que el hacinamiento continúa agravándose en estaciones de Policía debido a que muchos entes territoriales no han adecuado espacios temporales ni construido cárceles para personas sindicadas.

Durante las inspecciones, la Defensoría del Pueblo visitó 20 Eron, equivalentes al 16% de los establecimientos en funcionamiento, donde se encontraban 33.567 personas privadas de la libertad, cerca del 30% de la población carcelaria del país.

En estos centros se identificaron carencias graves que afectan la dignidad humana y la salubridad, entre ellas déficit de camastros, insuficiencia de unidades sanitarias y ausencia de espacios adecuados para garantizar el derecho a la visita íntima.

En salud, el informe documentó demoras en autorizaciones médicas, dificultades para acceder a citas especializadas y problemas recurrentes en el suministro de medicamentos, especialmente en cárceles como La Modelo y El Buen Pastor.

La Defensoría también reportó que el 19,4% de las audiencias judiciales son aplazadas por fallas de conectividad, falta de computadores o inasistencia de jueces.

En cuanto a resocialización, los hallazgos muestran una participación limitada y desigual en actividades educativas, laborales, culturales y recreativas. Solo el 34,8% de las personas privadas de la libertad participa en actividades laborales y apenas el 25,4% en procesos de estudio.

El informe alertó además que el 70,2% del trabajo realizado por internos no es remunerado.

Sobre las condiciones básicas de infraestructura, el organismo señaló que solo el 58,6% de las personas en los establecimientos visitados cuenta con un camastro propio. En el establecimiento de Sonsón, la cifra cae al 10,5%, obligando a muchas personas a dormir en el suelo o en espacios improvisados.

Otro de los hallazgos críticos fue la falta de espacios dignos para visitas íntimas. Apenas el 20% de los establecimientos cuenta con zonas destinadas para este fin y, según la Defensoría, las condiciones existentes son incompatibles con la dignidad humana y la privacidad.

En los Centros de Detención Transitoria, la entidad inspeccionó 55 instalaciones con 5.510 personas detenidas y encontró que lugares diseñados para permanencias menores a 36 horas se han convertido en espacios de reclusión prolongada.

El informe reveló que el 82,5% de las personas retenidas llevaba más de 36 horas en estos sitios y que el 15% superaba incluso un año de permanencia.

Las inspecciones evidenciaron problemas de ventilación, iluminación insuficiente, ausencia de áreas diferenciadas para dormir o alimentarse y falta de separación entre condenados y sindicados, así como entre hombres y mujeres.

La Defensoría encontró además centros sin duchas y casos extremos donde un solo sanitario debía ser utilizado por hasta 125 personas, pese a que la norma técnica establece un baño por cada 25 detenidos.

A esto se suma que el 98% de los CDT depende de las familias para el suministro de implementos de aseo.

En materia de salud, la mayoría de estos centros no cuenta con personal médico permanente ni protocolos claros para atención de urgencias o entrega de medicamentos.

El informe también alertó que en el 11% de los CDT la alimentación depende de las familias o de ventas informales dentro de las instalaciones, situación que genera riesgos sanitarios y desigualdad entre las personas detenidas.

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