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Corte Suprema ratifica condena a 20 años contra exdirector del DNE, Carlos Albornoz, por corrupción
El exfuncionario vendió por debajo de su valor real un predio incautado al narcotráfico, en una operación que dejó ganancias ilícitas superiores a $1.500 millones.
La condena contra Carlos Albornoz, exdirector de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), quedó en firme. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia de cerca de 20 años de prisión que pesa sobre el exfuncionario por el manejo irregular de bienes incautados al narcotráfico.
De acuerdo con la investigación, Albornoz se valió de una red de servidores públicos y particulares para vender por debajo de su precio real un inmueble decomisado por las autoridades. La operación irregular les dejó una ganancia ilícita cercana a los $1.500 millones.
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El proceso judicial tuvo un giro importante en segunda instancia: aunque un juez había absuelto a Albornoz, el Tribunal Superior de Bogotá revirtió esa decisión al resolver la apelación y lo condenó por peculado por apropiación, fraude procesal, interés indebido en la celebración de contratos y obtención de documento público falso.
El caso llegó finalmente a la Sala de Casación Penal a través de un recurso de impugnación. Allí, los magistrados confirmaron que el exdirector del DNE tuvo pleno conocimiento de las irregularidades, pues manejó información falsa sobre el valor real del bien desde el inicio del trámite hasta que este terminó en manos de un tercero, en perjuicio del Estado y en beneficio propio.
La Corte también estableció que la maniobra terminó favoreciendo a un amigo cercano del condenado. Según explicaron los magistrados, el detrimento al erario se originó cuando Albornoz ofreció el predio "Jesús del Río" a la firma Capital & Business S. A., a la que se le entregó el bien como dación en pago por un valor muy por debajo del real.
La Fiscalía logró demostrar que el exfuncionario aprovechó su cargo dentro de la entidad para gestionar con un tercero la compra del inmueble a un precio favorable. Las pruebas revelaron que por el predio, ubicado en el municipio de Zambrano, Bolívar, se pagaron $2.730 millones, pese a que su valor real ascendía a $4.442 millones.
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