Corte Suprema condena a exgobernador de Putumayo Felipe Guzmán por irregularidades en contratos

La Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador de Putumayo, Felipe Alfonso Guzmán Mendoza, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción, en un caso relacionado con la celebración irregular de convenios en 2008.

En la misma decisión, la Sala Especial de Primera Instancia absolvió al exgobernador encargado Camilo Augusto Otaya Díaz, quien era procesado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

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Según el fallo, Guzmán Mendoza intervino en la tramitación y celebración de los convenios de cooperación números 150 y 151 de 2008, suscritos con la Fundación Cultural del Putumayo y la Fundación Futuro Ambiental del Putumayo por valores de $253.802.700 y $216.207.300, respectivamente. Ambos contratos tenían como objeto la fabricación de artículos lúdico-didácticos para niños de bajos recursos del departamento.

No obstante, las fundaciones no tenían dentro de su objeto social la fabricación de juguetes y, de acuerdo con la Corte, fueron utilizadas como fachada, vulnerando los principios que rigen la contratación pública.

Para facilitar estas actuaciones, el exgobernador expidió el decreto 0323 del 15 de diciembre de 2008, mediante el cual modificó el presupuesto departamental y destinó recursos provenientes de intereses de cuotas partes pensionales —que tienen destinación específica— para actividades culturales decembrinas y la compra de juguetes, en contravía de la Constitución y la ley.

Con base en las pruebas presentadas en el juicio oral, la Sala concluyó que la Fiscalía logró demostrar la ocurrencia de los delitos y la responsabilidad penal de Guzmán Mendoza. En contraste, determinó que en el caso de Otaya Díaz no se evidenció conducta dolosa ni los elementos necesarios para atribuirle responsabilidad penal, por lo que fue absuelto.

En su decisión, la Corte señaló que la conducta del exgobernador “denota desprecio por la función pública” y evidencia una “instrumentalización del derecho”, al utilizar las normas como obstáculos que podían ser sorteados en función de intereses particulares.

Como consecuencia, el Alto Tribunal impuso a Guzmán Mendoza una pena de 110 meses y 22 días de prisión, una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por 124 meses y 16 días, y una multa equivalente a 375 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.

Además, negó la suspensión condicional de la pena, así como los beneficios de prisión domiciliaria, incluida la solicitud como padre cabeza de hogar. Por ello, ordenó su captura inmediata y reclusión en un centro carcelario designado por el INPEC. La captura ya fue realizada.

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