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Corte Constitucional acepta impedimento de Jorge Enrique Ibáñez en estudio de la reforma pensional
La magistrada Paola Meneses asumirá el expediente tras la controversia por una recusación presentada por el Gobierno.
La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró fundado el impedimento presentado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez para apartarse del estudio de la demanda contra la reforma pensional.
Con esta decisión, la responsabilidad del expediente queda en manos de la magistrada Paola Meneses, presidenta del Alto Tribunal, en medio de la polémica generada por la recusación promovida por el Gobierno Nacional.
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La recusación fue radicada por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, quien cuestionó la imparcialidad del magistrado al considerar que habría vulnerado la reserva judicial y comprometido su objetividad tras referirse al caso en una entrevista.
En la solicitud se indicó que, antes de que la Sala Plena iniciara el estudio de fondo del expediente, debía resolverse la recusación. Frente a esto, Ibáñez sostuvo que no reveló información reservada, sino que se refirió a hechos de conocimiento público, como el empate en la votación que obligó al nombramiento de un conjuez.
“El trámite del Expediente D-15.989 ha sido objeto de una cobertura mediática intensa y sostenida, en cuyo desarrollo se ha divulgado públicamente, sin intervención de mi despacho, tanto el sentido de los proyectos de fallo que presenté a la Sala Plena como el resultado de las deliberaciones”, explicó el magistrado en su defensa.
Ibáñez lamentó que su postura jurídica se haya filtrado a los medios y aseguró que su concepto fue elaborado en ejercicio de sus funciones como ponente.
Cabe recordar que la Sala Plena ya lo había apartado del debate relacionado con la emergencia económica. En esta ocasión, ante la sensibilidad del caso y el impacto institucional, el magistrado optó por presentar formalmente su impedimento.
Ahora, corresponderá a Meneses liderar el análisis sobre la constitucionalidad de la reforma al sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte, en un proceso que ha generado amplio debate jurídico y político en el país.
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