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Condenan a cabecillas de las disidencias de las Farc por atentado que dejó siete policías muertos en Neiva
Alias Mauricio y alias Juliana aceptaron su responsabilidad en el ataque con explosivos perpetrado en 2022 en el corregimiento San Luis, Huila.
Mediante preacuerdos con la Fiscalía General de la Nación, José Eliecer Ramírez Castaño, conocido como alias Mauricio, y Claudia Daniela Jaramillo Obando, alias Juliana, aceptaron su responsabilidad en el ataque armado y con explosivos que cobró la vida de siete policías y dejó a otro uniformado gravemente herido en el corregimiento San Luis, zona rural de Neiva (Huila), el 2 de septiembre de 2022. Ambos hacían parte de la estructura Ismael Ruiz, perteneciente a las disidencias de las Farc.
Según las investigaciones de la Fiscalía, alias Mauricio no solo participó en esta acción criminal, sino que también estaría implicado en otros homicidios selectivos ocurridos en distintos municipios de Huila y Tolima, con un saldo de siete víctimas adicionales.
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Por estos hechos, y en virtud del preacuerdo suscrito, un juez penal de conocimiento lo condenó a 25 años y 10 meses de prisión por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. A ello se suma el delito de fabricación, tráfico y porte de armas o explosivos de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, alias Juliana fue señalada de adquirir las baterías utilizadas para activar los artefactos explosivos al paso de la patrulla policial en San Luis. En consecuencia, fue condenada a 23 años y siete meses de prisión por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y concierto para delinquir, igualmente agravados.
Cabe recordar que, por este mismo atentado, en enero de 2025 también fue condenado Edwin Collo Dagua, alias Guajiro, quien fungía como cabecilla financiero de la estructura Ismael Ruiz.
Estas sentencias, según la Fiscalía, representan un avance significativo en la judicialización de los responsables de uno de los ataques más graves perpetrados contra la fuerza pública en el sur del país.
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