Caso Donovan Balanta: cuatro policías enfrentan cargos por presunto homicidio y tortura agravada en Cazucá

El próximo 20 de octubre se cumple un mes de la muerte de Donovan Balanta Paz, un líder comunitario afrodescendiente de 34 años que falleció después de un procedimiento policial en el sector de Caracolí, entre Ciudad Bolívar, en Bogotá, y Soacha.

La Fiscalía investiga la posible responsabilidad de cuatro integrantes de la Policía Nacional en los hechos ocurridos durante la reducción, detención y traslado de Balanta a la estación de Policía de Cazucá. De acuerdo con información conocida por El Espectador, el hombre habría recibido golpes y varias descargas de un dispositivo eléctrico Taser, incluso mientras permanecía dentro de las instalaciones policiales.

Le sugerimos leer: (Laura Sarabia niega señalamientos de Angie Rodríguez sobre presunto material privado de Gustavo Petro)

Según los elementos expuestos en la investigación, Balanta habría permanecido cerca de 20 minutos en la estación, donde manifestó dolor en el pecho y dificultades para respirar, además de solicitar asistencia médica. La Fiscalía sostiene que la atención no se habría prestado oportunamente y que el traslado a un centro médico se produjo cuando el hombre ya se encontraba inconsciente.

El informe de Medicina Legal identificó lesiones compatibles con el uso de un dispositivo de conducción eléctrica, además de otros traumatismos. La causa de muerte fue descrita como una arritmia cardíaca asociada a dicho dispositivo. No obstante, el análisis histopatológico advirtió que sus resultados, por sí solos, no permiten establecer una relación causal directa entre las descargas y el fallecimiento.

Los cuatro uniformados se declaran inocentes

La Fiscalía imputó a cuatro policías por su presunta participación en los delitos de homicidio y tortura agravada. Dos de ellos también fueron señalados por el delito de falsedad ideológica en documento público.

Durante la diligencia judicial, los uniformados manifestaron que no aceptan los cargos y renunciaron a la posibilidad de obtener una rebaja de hasta el 50 % de la pena mediante esa vía. El proceso continuará para garantizar el derecho a la defensa y la contradicción de las pruebas.

La audiencia para determinar si los procesados deben cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario quedó programada, según la información suministrada, para el jueves a las 8:30 de la mañana.

Un mayor y un patrullero son señalados por presunta falsedad documental

Dentro de la investigación, la Fiscalía atribuyó al mayor Roque Correa, entonces comandante de la estación de Policía de Cazucá, y al patrullero Jonathan Giraldo el presunto delito de falsedad ideológica en documento público, además de los cargos relacionados con la muerte de Balanta.

Según el ente acusador, Correa habría registrado en el libro de población de la estación que ordenó trasladar inmediatamente al detenido a una clínica cardiovascular después de su llegada en malas condiciones. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los elementos probatorios indicarían que Balanta permaneció alrededor de 20 minutos en las instalaciones policiales, con lesiones y dificultades respiratorias, mientras solicitaba atención médica.

Por su parte, Giraldo habría consignado en el mismo registro que durante el procedimiento no se presentó maltrato y que se respetaron los derechos humanos del ciudadano. Estas anotaciones son objeto de investigación para establecer si corresponden a lo sucedido durante el operativo.

La fiscalía expone presuntas expresiones racistas durante el procedimiento

En la audiencia, el fiscal 207 delegado contra la violencia a los derechos humanos presentó la reconstrucción de los hechos ocurridos el 20 de septiembre, alrededor del mediodía. Según su exposición, Donovan Balanta no se encontraba inicialmente en el lugar cuando comenzó una discusión entre varias personas en vía pública, en la que también estaba su hermana.

De acuerdo con la versión presentada por la Fiscalía, durante la intervención policial el intendente Edwin Albeiro Morantes Rincón habría pronunciado expresiones discriminatorias contra algunas de las personas presentes. Entre ellas, el ente acusador atribuyó al uniformado comentarios racistas y amenazas relacionadas con su experiencia contra personas afrodescendientes en el Chocó.

La Fiscalía indicó que, aproximadamente diez minutos después, llegaron otros policías en respuesta a una solicitud de apoyo por una presunta riña. Durante esa intervención, el patrullero Jonathan Giraldo habría utilizado un dispositivo Taser en tres ocasiones contra José Luis Guerrero, una de las personas que se encontraban en el lugar.

Posteriormente, Balanta llegó al sitio y, según la reconstrucción presentada por el ente acusador, habría lanzado una botella contra los uniformados antes de intentar escapar. Los policías lo alcanzaron, lo redujeron y lo esposaron con las manos detrás de la espalda.

La Fiscalía sostiene que, cuando ya se encontraba bajo custodia y sin posibilidad de defenderse, Balanta habría recibido golpes, patadas y puños por parte de varios uniformados. También señala que Giraldo habría accionado repetidamente el dispositivo eléctrico contra su cuerpo, mientras el detenido expresaba dolor y pedía ayuda. Estas afirmaciones hacen parte de la hipótesis acusatoria y deberán ser examinadas durante el proceso judicial.

Estos son los policías investigados por la muerte de Donovan Balanta 

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a cuatro integrantes de la Policía Nacional, señalados de presunta participación en los hechos
 

Jonathan Giraldo: patrullero de 27 años, señalado de presuntamente utilizar en repetidas ocasiones el dispositivo Taser.

Santiago Vargas: patrullero de 23 años, investigado por su presunta participación en el procedimiento.

Henar Tapiero: subintendente de 41 años, señalado dentro de la investigación por los hechos ocurridos durante la detención.

Roque Correa: mayor de 38 años y entonces comandante de la estación de Policía de Cazucá, investigado también por las anotaciones consignadas en los registros oficiales.

La información entregada por la Fiscalía también menciona al patrullero Nahumer Vergel, quien estaría prófugo de la justicia, y al intendente Edwin Albeiro Morantes Rincón, señalado por las presuntas expresiones racistas. Sus situaciones procesales deben distinguirse de las imputaciones formuladas contra los cuatro uniformados mencionados.

Otras noticias