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Aprueban ley que prohíbe la mutilación genital femenina en Colombia
El Congreso aprobó el Proyecto de Ley que elimina la mutilación genital femenina y establece un marco legal para su prevención, atención y erradicación.
El Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley 440 de 2025, conocido como “Niñas sin Ablación”, una iniciativa que estableció un marco normativo para la prevención, atención y erradicación de la mutilación genital femenina en Colombia, con enfoque de derechos humanos, salud pública e interculturalidad.
Esta iniciativa fue impulsada en el Congreso por las representantes a la Cámara Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, Carolina Giraldo, del Partido Alianza Verde y Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico.
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El proyecto se construyó junto con la Fundación PLAN y liderazgos comunitarios en territorios donde se ha identificado la práctica. De igual manera, el proceso incluyó los aportes de comunidades indígenas, expertos en salud y derechos humanos, con el objetivo de definir medidas de prevención, atención y protección frente a esta forma de violencia que afecta, especialmente, los derechos de las niñas.
La discusión legislativa sobre la prohibición y atención de la mutilación genital femenina en Colombia comenzó en 2024 con la radicación de varias iniciativas en la Cámara de Representantes. Las propuestas fueron acumuladas en el Congreso y lograron avanzar en 2025 y 2026. Finalmente, el proyecto superó sus debates tanto en la Cámara como en el Senado y, tras ser aprobado en la Comisión Primera y posteriormente en la plenaria del Senado, culminó con éxito su proceso legislativo.
Esta norma crea un marco integral para la prevención, atención y erradicación de la mutilación genital femenina en Colombia. Además, reconoce esta práctica como una forma de violencia basada en género y una grave vulneración de los derechos humanos, e incorpora medidas de protección con enfoque diferencial, territorial e intercultural.
Asimismo, fortalece la articulación entre entidades del Estado, el sistema de salud y las comunidades, con el objetivo de mejorar la identificación de casos, reducir el subregistro y garantizar rutas efectivas de atención.
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