Alerta en la Corte Suprema: piden reforzar seguridad de magistrados tras condena a “Kiko Gómez”

Una alerta por un posible riesgo para la seguridad de magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y sus familias fue puesta en conocimiento del presidente de esa corporación, Carlos Roberto Solórzano Garavito, después de una serie de hechos conocidos tras la condena contra el exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como “Kiko Gómez”.

La advertencia fue formulada por el magistrado José Joaquín Urbano Martínez mediante un oficio en el que expuso información y acontecimientos que han generado preocupación entre funcionarios judiciales que participaron en el proceso penal contra Gómez Cerchar.

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La situación está relacionada con la decisión adoptada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 29 de abril de 2026, cuando revocó la absolución que había sido dictada por el Tribunal Superior de Bogotá a favor del exgobernador de La Guajira y, en su lugar, lo declaró responsable del delito de homicidio agravado.

La determinación fue tomada de manera unánime y estableció para Gómez Cerchar una pena de 31 años y ocho meses de prisión. La sentencia permanece vigente, aunque el magistrado Urbano Martínez señaló en su comunicación que eventualmente podría ser objeto de una acción de tutela.

Después de esa decisión judicial surgieron varios hechos que llevaron al magistrado a solicitar que las autoridades encargadas de la protección de los funcionarios judiciales conozcan la situación y evalúen la adopción de medidas para garantizar la seguridad de los integrantes de la Sala Penal y de sus núcleos familiares.

Uno de los elementos consignados en el oficio corresponde a una información que comenzó a circular durante la semana pasada en distintas plataformas digitales.

La versión hacía referencia a un “poderoso asesino guajiro”, actualmente privado de la libertad y con varias condenas en firme, quien supuestamente habría pedido a sus familiares que renunciaran a los cargos públicos que ocupaban y viajaran a Italia, país en el que tendría nacionalidad.

Según la información que circuló, la petición estaría relacionada con la supuesta afirmación del condenado de que ya había ordenado los asesinatos de tres personas y que pretendía evitar que sus familiares más cercanos permanecieran al alcance de la justicia colombiana cuando esos hechos se produjeran.

El magistrado Urbano Martínez no presentó esta información como un hecho comprobado judicialmente. En el documento dejó constancia de la existencia y circulación de esa versión y de la preocupación que produjo entre funcionarios que tuvieron participación en el proceso seguido contra Gómez Cerchar.

A estos antecedentes se sumó una situación ocurrida el 26 de agosto, cuando la procuradora judicial II Gloria Guzmán Duque acudió a la oficina del magistrado Urbano Martínez para manifestarle su “profunda preocupación” por su seguridad y por la de los demás funcionarios judiciales que habían intervenido en el proceso.

Guzmán Duque había tenido participación en la actuación judicial contra el exgobernador, pues presentó una de las demandas de casación formuladas contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que inicialmente había absuelto a Gómez Cerchar.

Posteriormente fue conocida otra situación relacionada con el procurador primero delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, quien también intervino en el proceso ante la Corte Suprema de Justicia y solicitó que se casara la sentencia absolutoria y se condenara al acusado.

De acuerdo con lo consignado en el oficio, Bonilla Bolaños le informó al magistrado Urbano Martínez que en su oficina, localizada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría General de la Nación, había aparecido una bala disparada.

El funcionario también relató que durante esta semana, cuando llegó a su lugar de trabajo, encontró dos ventanas rotas y evidencias correspondientes a dos disparos de fusil.

Estos acontecimientos fueron incluidos por el magistrado Urbano Martínez dentro de la información remitida al presidente de la Sala Penal, ante la preocupación existente por la seguridad de quienes tuvieron intervención en el proceso que terminó con la condena del exgobernador de La Guajira.

Frente a los hechos descritos, Urbano Martínez decidió poner formalmente la situación en conocimiento de Carlos Roberto Solórzano Garavito, presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado manifestó su preocupación ante la posibilidad de que los integrantes de la Sala Penal puedan encontrarse en riesgo después de la condena impuesta a Gómez Cerchar y pidió que las circunstancias expuestas sean comunicadas a las autoridades encargadas de adoptar las medidas correspondientes.

En concreto, solicitó que la información sea puesta en conocimiento de la Dirección de Protección de la Policía Nacional con el propósito de que se incrementen las medidas de seguridad que resulten necesarias para proteger a los magistrados de la Sala de Casación Penal.

La petición no se limita a los funcionarios judiciales. Urbano Martínez solicitó que las medidas contemplen también la protección de sus familias ante el posible riesgo advertido después de los acontecimientos descritos en su comunicación.

La alerta se conoce cuatro meses después de que la Corte Suprema de Justicia modificara la decisión que inicialmente había favorecido a Gómez Cerchar. El Tribunal Superior de Bogotá lo había absuelto, pero la Sala de Casación Penal revisó esa determinación luego de las demandas presentadas y resolvió revocarla.

Como consecuencia de esa decisión, Juan Francisco Gómez Cerchar fue condenado por homicidio agravado a 31 años y ocho meses de prisión. Tras el fallo y los hechos informados por funcionarios que participaron en el trámite judicial, el magistrado Urbano Martínez pidió la intervención de la Dirección de Protección de la Policía Nacional para reforzar la seguridad de los magistrados y sus familias.

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