Abren indagaciones en San Andrés por presuntas irregularidades en el Hospital Departamental y la Gobernación

La Procuraduría General de la Nación abrió dos indagaciones previas para esclarecer presuntas irregularidades en la contratación pública y el manejo de recursos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

De acuerdo con el ente de control, las actuaciones tienen dos frentes. Por un lado, el Hospital Departamental, donde se denunciaron posibles fallas en la prestación de servicios, equipos médicos sin utilizar y contratos con terceros privados. Por otro, la Gobernación, por señalamientos relacionados con la contratación pública y los posibles intereses de familiares de figuras políticas de la isla.

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Ambas indagaciones se abrieron después de conocerse denuncias periodísticas, por lo que ahora el Ministerio Público deberá verificar la información y establecer si existen elementos que justifiquen avanzar hacia una investigación disciplinaria formal.

El primer expediente se relaciona con el Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La Procuraduría abrió la indagación previa el 19 de octubre de 2026.

Entre los hechos que deberán verificarse está la presunta existencia de equipos médicos nuevos que permanecían almacenados y sin utilizar, mientras, paralelamente, se contrataban servicios con operadores privados para realizar esas mismas actividades. Además, uno de los puntos más sensibles de la denuncia es el posible beneficio contractual para el esposo de la gobernadora del archipiélago. Este señalamiento deberá ser examinado por las autoridades para determinar qué contratos se celebraron, quiénes resultaron beneficiados y si hubo alguna irregularidad.

Del mismo modo, de acuerdo con la información denunciada, el centro asistencial también tendría pagos pendientes a médicos desde hace varios meses. A esto se suma una situación que genera preocupación en materia sanitaria: presuntas dificultades durante seis meses para garantizar adecuadamente la disposición de residuos peligrosos, debido a la falta de pago de los contratos correspondientes.

Se trata de asuntos que van más allá de los trámites administrativos. En caso de confirmarse, podrían comprometer tanto el funcionamiento de los servicios de salud como las condiciones de seguridad sanitaria para pacientes, trabajadores y la comunidad. Por ello, la Procuraduría tendrá que establecer por qué habría equipos disponibles sin uso, por qué se acudía a terceros para prestar esos servicios y qué ocurrió con los pagos relacionados con el personal médico y el manejo de residuos hospitalarios.

El segundo expediente

Por su parte, el otro frente de las actuaciones está en la Gobernación del Archipiélago. En este caso, la indagación previa fue abierta el 20 de octubre de 2026, tras un reportaje de la revista Semana publicado un día antes.

La denuncia pone bajo la lupa presuntos vínculos familiares y posibles intereses en la contratación pública de la región. Entre las personas mencionadas está Norbert Vonblon Pomare, empresario local y esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz. En consecuencia, los señalamientos plantean interrogantes sobre la influencia que podrían tener esos vínculos en decisiones administrativas y en la adjudicación de contratos públicos.

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