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Gobierno enfrenta críticas por decreto que modificaría las restricciones a las corridas de toros
Norma sobre corridas de toros genera polémica por ingreso de niños y uso de instrumentos de lidia.
El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, encabezado por Paola Holguín Moreno, y el Ministerio de Ambiente, dirigido por Fabio Arjona Hincapié, quedaron en el centro de una controversia por un proyecto de decreto que modificaría las restricciones vigentes para las corridas de toros en Colombia, permitiría nuevamente la presencia de menores de edad en estos espectáculos y cambiaría las condiciones para utilizar instrumentos durante la lidia, pese a que la Ley 2385 de 2024 estableció la prohibición definitiva de estas actividades a partir del 22 de julio de 2027.
La propuesta, conocida públicamente en las últimas horas, provocó cuestionamientos de sectores defensores de los animales y de dirigentes políticos que consideran que las modificaciones reducirían las medidas de protección establecidas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
El documento busca modificar diez artículos del Decreto 703 del 7 de julio de 2026, expedido para reglamentar las actividades taurinas durante los tres años de transición contemplados en la denominada Ley No Más Olé.
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Entre los cambios se encuentran nuevas disposiciones sobre el ingreso de menores a las plazas, su participación en actividades taurinas, el uso de instrumentos empleados en la lidia, los controles veterinarios y los requisitos que deben acreditar los organizadores para obtener autorización de las autoridades territoriales.
Uno de los puntos que generó mayor controversia es el artículo 3.2.5.3 del proyecto, que permitiría el ingreso de menores de diez años a eventos taurinos cuando estén acompañados por un adulto. La disposición comprende corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas.
La propuesta representa un cambio frente al Decreto 703 de 2026, cuyo artículo 3.2.5.3 prohíbe expresamente la entrada de cualquier persona menor de 18 años a estos espectáculos.
El borrador también modificaría las reglas sobre participación de menores en actividades taurinas. El artículo 3.2.5.2 plantea permitir que adolescentes que hayan cumplido 14 años integren cuadrillas, siempre que los empresarios y las autoridades públicas garanticen las condiciones de seguridad previstas en los tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia.
Actualmente, la reglamentación prohíbe que los menores de 18 años actúen como toreros, banderilleros, rejoneadores, matadores, novilleros, aprendices o practicantes en cualquiera de las actividades comprendidas en el decreto.
La modificación retoma disposiciones de la Ley 916 de 2004, mediante la cual se expidió el Reglamento Nacional Taurino, y que contiene reglas relacionadas con la asistencia de menores y la participación de adolescentes en espectáculos de esta naturaleza.
Las disposiciones sobre niños y adolescentes concentraron parte de las críticas dirigidas al Ministerio de Cultura. La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, rechazó la propuesta y cuestionó la posibilidad de que el Gobierno expida la nueva reglamentación antes de las temporadas taurinas de diciembre y enero.
“Están corriendo con este decreto porque quieren sacarlo para revivir las corridas de Cali, de Manizales y de todos los municipios en diciembre y en enero en la temporada taurina”, manifestó la congresista en declaraciones conocidas este viernes 20 de noviembre.
Hernández también cuestionó que los menores puedan volver a presenciar espectáculos taurinos y sostuvo que las modificaciones les permitirían asistir a actividades que implican sufrimiento animal.
La controversia se extendió a las redes sociales, donde circularon reproducciones del borrador y mensajes contra la iniciativa del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
Algunas publicaciones señalaron que el Ejecutivo pretende revivir las corridas de toros a pesar de la prohibición legal. Sin embargo, la Ley 2385 de 2024 mantiene un periodo de transición que finaliza el 22 de julio de 2027, fecha a partir de la cual las prácticas contempladas en esa legislación quedarán prohibidas en todo el territorio nacional.
El proyecto difundido no modifica esa fecha ni deroga la prohibición aprobada por el Congreso. Las modificaciones propuestas se refieren a las condiciones bajo las cuales pueden desarrollarse las actividades taurinas durante los meses restantes del periodo transitorio.
Otro de los aspectos cuestionados corresponde a los elementos utilizados durante las corridas. El Decreto 703 de 2026 estableció restricciones sobre el empleo de instrumentos puntiagudos o cortopunzantes, entre ellos puyas, banderillas, estoques y rejones.
El proyecto de modificación limitaría determinadas prohibiciones al cargue, descargue y traslado de los animales hacia los corrales y las áreas de evaluación, sin mantener en los mismos términos las restricciones aplicables durante la lidia.
De aprobarse esa redacción, cambiarían las condiciones para emplear estos instrumentos en el desarrollo de los espectáculos autorizados.
La propuesta también contempla modificaciones relacionadas con la atención veterinaria de los animales. El Decreto 703 estableció controles sanitarios y mecanismos de vigilancia del bienestar de los toros durante los eventos.
En el texto que circula actualmente se conserva la participación de profesionales veterinarios, pero se introduce una disposición según la cual los conceptos del equipo encargado de examinar a los animales no constituirán, por sí mismos, órdenes de devolución o sustitución de las reses ni de suspensión del espectáculo.
El documento señala que las actuaciones de ese equipo no sustituirán las funciones atribuidas por la Ley 916 de 2004 al presidente de la corrida, la junta técnica y sus integrantes.
La modificación afecta el procedimiento para adoptar decisiones sobre la continuidad de los animales en la lidia, en comparación con el esquema establecido por la reglamentación expedida en julio.
El borrador contempla, asimismo, condiciones para la realización de tientas, actividades destinadas a evaluar las características de los animales de ganaderías de lidia y seleccionar ejemplares para su reproducción.
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El capítulo dedicado a estas prácticas exige requisitos sanitarios, controles sobre el transporte y la movilización de los animales y presencia de médicos veterinarios durante las operaciones de evaluación.
Entre las disposiciones previstas se encuentra la obligación de contar con Registro Sanitario de Predio Pecuario vigente cuando las actividades se desarrollen en establecimientos ganaderos, además del cumplimiento de las autorizaciones correspondientes en otros escenarios.
También se prohíbe utilizar instrumentos que generen descargas eléctricas durante las operaciones de cargue, transporte, descargue y traslado hacia las áreas de evaluación.
El proyecto dispone que los veterinarios verifiquen las condiciones de manejo, salud y bienestar de los animales y que los asistentes no participen en procedimientos ajenos a la evaluación y selección de las reses.
Las modificaciones incluyen cambios en las reglas para acreditar la tradición taurina de los municipios donde todavía pueden celebrarse estos espectáculos.
La Ley 2385 de 2024 permite su realización durante la transición únicamente en lugares donde exista una tradición ininterrumpida y en las ocasiones en que históricamente se hayan desarrollado estas actividades.
El nuevo borrador contempla que las entidades territoriales emitan las autorizaciones correspondientes conforme a sus competencias y verifiquen el cumplimiento de las condiciones establecidas en la legislación.
La acreditación de la tradición taurina es uno de los requisitos para realizar corridas, rejoneos, novilladas, becerradas y tientas durante el periodo permitido por la ley.
El Ministerio de las Culturas y el Ministerio de Ambiente sustentan las modificaciones en observaciones presentadas por ciudadanos, organizaciones y representantes del sector taurino, quienes cuestionaron distintas disposiciones del Decreto 703 de 2026.
Según la memoria justificativa del proyecto, las observaciones se relacionan con el alcance de la potestad reglamentaria del Gobierno, las condiciones para el desarrollo de espectáculos legalmente permitidos durante la transición y las restricciones establecidas para determinados participantes.
La documentación que acompaña la iniciativa señala que los ajustes buscan precisar las disposiciones reglamentarias y armonizarlas con las normas legales vigentes, sin modificar el plazo fijado para la prohibición definitiva.
El análisis de impacto normativo también advierte sobre la importancia de mantener las garantías de protección animal y los derechos de los menores de edad durante la aplicación de las nuevas disposiciones.
La controversia ocurre cuatro meses después de la expedición del Decreto 703, mediante el cual el gobierno de Gustavo Petro reglamentó las actividades taurinas y estableció medidas relacionadas con el bienestar animal, las restricciones a los instrumentos de lidia y la prohibición de ingreso y participación de menores.
El 17 de julio de 2026, los ministerios de Cultura y Ambiente divulgaron oficialmente los alcances de aquella reglamentación y destacaron la prohibición de participación de menores, los mecanismos de vigilancia y control y las obligaciones de los organizadores de espectáculos taurinos.
El decreto se fundamentó en la Ley 2385 de 2024 y en los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre protección animal, además de incorporar referencias a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas sobre la exposición de menores a actividades taurinas.
Entre esos antecedentes figura la recomendación formulada a Colombia en 2015 para adoptar medidas de protección de los menores que participan en el entrenamiento y las actuaciones taurinas, así como de quienes asisten en calidad de espectadores.
La Ley 2385 fue sancionada el 22 de julio de 2024 y estableció la prohibición nacional de las corridas de toros, rejoneos, novilladas, becerradas y tientas una vez transcurridos tres años desde su entrada en vigor.
La legislación también estableció un proceso de transformación cultural y reconversión laboral y económica de los sectores vinculados con esas actividades.
Durante el periodo de transición, las autoridades territoriales pueden autorizar espectáculos únicamente dentro de los límites previstos en la ley, incluido el requisito de tradición ininterrumpida, y sin destinar recursos públicos a su financiación o a la construcción de instalaciones destinadas a estas prácticas.
La Corte Constitucional examinó la legislación y, mediante la Sentencia C-374 de 2025, confirmó la constitucionalidad de la prohibición, con lo cual se mantuvo el calendario establecido por el Congreso.
El Decreto 703 de 2026 desarrolló posteriormente las condiciones reglamentarias para los espectáculos que continuaran realizándose hasta la entrada en vigor de la prohibición.
Ahora, la propuesta de los ministerios de Cultura y Ambiente introduce cambios a varias de esas condiciones, especialmente respecto de los menores de edad, los instrumentos utilizados durante las corridas, los controles veterinarios y los procedimientos administrativos para autorizar los eventos.
El proyecto también establece que las disposiciones del Decreto 703 que no sean modificadas continuarán vigentes y que el nuevo acto administrativo comenzaría a regir al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, en caso de ser expedido.
La divulgación del borrador abrió una nueva controversia entre el Gobierno, los sectores que defienden la continuidad de las actividades taurinas durante la transición y los promotores de la prohibición aprobada en 2024.
Los cuestionamientos se concentran especialmente en la posibilidad de permitir nuevamente la asistencia de niños y adolescentes a las plazas de toros y en los cambios propuestos a las restricciones sobre instrumentos de lidia.
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