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Colombia pide a la ONU retirar la Reforma Rural Integral de la verificación del Acuerdo de Paz
El canciller Omar Bula defendió la implementación del acuerdo de 2016, pero pidió ajustar el mandato de la misión a las necesidades del país.
Colombia solicitó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la Reforma Rural Integral deje de formar parte del mandato de verificación internacional del Acuerdo de Paz de 2016. La propuesta fue presentada por el canciller Omar Bula, quien defendió la continuidad del seguimiento internacional a la reincorporación de los exintegrantes de las Farc y a las garantías de seguridad, pero planteó que otros componentes deben quedar bajo la responsabilidad permanente del Estado colombiano.
La intervención se produjo durante la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. En ese espacio, el representante del organismo en el país, Miroslav Jenča, destacó la importancia de avanzar en la implementación integral del acuerdo y anunció la disposición de la misión para apoyar al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en sus políticas y programas, aprovechando su presencia en los territorios.
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Durante la sesión, Bula reiteró que el compromiso del Ejecutivo con la implementación del Acuerdo de Paz permanece vigente. No obstante, sostuvo que el mandato de la misión debe ajustarse a las condiciones territoriales, fiscales y de seguridad que enfrenta Colombia, con el propósito de concentrar la verificación internacional en los asuntos que requieren ese acompañamiento.
El canciller señaló que la reincorporación de los antiguos integrantes de las Farc y las garantías de seguridad están estrechamente relacionadas, pues ambas son fundamentales para facilitar su tránsito a la vida civil. Por esa razón, defendió que estos componentes continúen bajo verificación internacional.
Sin embargo, el funcionario pidió excluir la Reforma Rural Integral de ese seguimiento, al considerar que se trata de una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo, cuya ejecución debe integrarse en las responsabilidades ordinarias de las instituciones estatales.
“Constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano”, explicó Bula ante el Consejo de Seguridad.
El jefe de la diplomacia colombiana argumentó que asuntos como el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, el impulso a la productividad rural, la infraestructura y la generación de oportunidades económicas para los campesinos requieren una actuación estatal sostenida, que no dependa de la duración de una misión internacional.
En ese sentido, afirmó que el cumplimiento de estos objetivos trasciende el alcance y el periodo de funcionamiento de un mecanismo especial de verificación, por lo que, a su juicio, deben ser asumidos mediante políticas públicas de largo plazo y con las capacidades institucionales del país.
Bula también indicó que la propuesta fue elaborada junto con el Ministerio de Agricultura. Según explicó, Colombia cuenta con instrumentos normativos e institucionales que permitirían dar continuidad a las políticas de acceso a tierras sin que estas dependan del mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.
El canciller aclaró, además, que la iniciativa no pretende desconocer las competencias del Consejo de Seguridad ni modificar las resoluciones que ha aprobado sobre el proceso de paz. Aseguró que el Gobierno reconoce plenamente las atribuciones de ese organismo y que la solicitud busca presentar una alternativa para su evaluación.
Finalmente, Bula sostuvo que la seguridad debe ser una condición fundamental para avanzar en la construcción de paz. En esa línea, reiteró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella mantiene la paz entre sus prioridades, pero considera necesario consolidarla sobre bases sólidas de seguridad y capacidad institucional.
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