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SIC investiga a la Catedral de Sal de Zipaquirá por presuntas ventas atadas en pasaportes turísticos

Ente de control indagan si visitantes fueron obligados a pagar servicios adicionales para ingresar.

Catedral Sal
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mar, 17/03/2026 - 07:29 Créditos: https://www.catedraldesal.gov.co / Catedral de Sal de Zipaquirá

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación contra la empresa administradora del complejo turístico de la Catedral de Sal de Zipaquirá por posibles prácticas anticompetitivas relacionadas con ventas atadas en la comercialización de sus servicios.

De acuerdo con la entidad, la administración del templo habría implementado un esquema de venta mediante paquetes denominados “pasaportes”, en los que se obligaría a los consumidores a adquirir servicios adicionales para poder acceder al recinto, sin permitir la compra individual del ingreso a la Catedral.

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Estos pasaportes incluirían de manera obligatoria servicios como visitas guiadas dentro del templo, acceso a internet, ingreso a la Casa Museo Quevedo Zornoza, entrada al Museo Arqueológico de Zipaquirá y transporte a través del tren de salida, limitando la posibilidad de que los visitantes elijan libremente qué servicios desean adquirir.

Según la SIC, la imposibilidad de comprar únicamente el acceso a la Catedral constituye el eje central de la investigación, ya que esta práctica podría estar afectando la libertad de elección de los consumidores, quienes se verían obligados a pagar por servicios que no necesariamente desean o requieren.

El informe de la entidad también señala que aproximadamente solo el 50 % de los turistas que adquieren estos pasaportes utilizan efectivamente los servicios adicionales, lo que refuerza la hipótesis de que estos no serían indispensables para la experiencia principal de visita.

En ese sentido, la autoridad considera que la inclusión obligatoria de estos servicios podría generar un incremento injustificado en los costos para los usuarios, además de restringir su capacidad de decisión, lo que configuraría una posible vulneración a las normas de libre competencia en el país.

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