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SIC formula cargos contra más de 40 prestadores de vivienda turística

Las investigaciones se concentran en Antioquia, Bolívar y Cundinamarca y podrían derivar en sanciones y suspensión de actividades.

Cielo Rusinque 24 diciembre
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mié, 02/07/2025 - 16:58 Créditos: Red social X @cielo_rusinque / Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, formuló pliego de cargos contra más de 40 prestadores de servicios de vivienda turística en Colombia por presuntas irregularidades que habrían vulnerado los derechos de los turistas. La decisión se basa en el análisis de 452 quejas recibidas en 2024 desde distintas regiones del país.

Según la SIC, los investigados habrían suministrado información falsa o inexacta al momento de registrar sus actividades ante las cámaras de comercio, asegurando que los inmuebles utilizados no estaban sometidos a propiedad horizontal o que el reglamento de copropiedad permitía la actividad turística, cuando en realidad no era así.

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Además, se detectó que algunas personas naturales y jurídicas prestaban servicios turísticos sin contar con la inscripción o renovación obligatoria en el Registro Nacional de Turismo (RNT). 

La Superintendencia recordó que los recursos recaudados mediante este registro se destinan a proyectos que fortalecen la competitividad y sostenibilidad del turismo en Colombia, como la promoción de destinos, el mejoramiento de la infraestructura y la profesionalización del sector.

Las investigaciones se enfocaron especialmente en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Cundinamarca, donde se reportó un notable aumento de denuncias por parte de consumidores frente a servicios turísticos ofrecidos en viviendas urbanas y rurales que no cumplían con la normativa vigente.

De comprobarse las infracciones, los prestadores podrían enfrentar sanciones económicas y la prohibición de ofrecer servicios turísticos hasta por cinco años. 

El ente de control enfatizó que estas actuaciones reflejan un fenómeno creciente en el uso indebido de inmuebles residenciales para actividades turísticas sin el cumplimiento de los requisitos legales, lo que afecta directamente las garantías de los consumidores.

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