Presupuesto General 2026 en Colombia: Gobierno podría fijarlo por decreto ante falta de consenso

El Gobierno nacional enfrenta un escenario decisivo en torno a la definición del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2026. Con el plazo a punto de expirar, el debate sobre la cifra definitiva se mantiene abierto y con múltiples cuestionamientos, mientras toma fuerza la posibilidad de que el Ejecutivo opte por fijarlo mediante decreto.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó la propuesta inicial de $556,9 billones ante las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso, aunque reconoció que se contempla un recorte cercano a $10 billones.

Durante su intervención, el funcionario subrayó que la política fiscal se desarrolla en un contexto complejo, caracterizado por rigideces estructurales en el gasto y deudas heredadas, entre ellas las obligaciones con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

Ávila señaló que los compromisos ineludibles en materia presupuestal incluyen el pago de intereses de la deuda, salarios de la Fuerza Pública y de la rama judicial, el Sistema General de Participaciones, así como los recursos para salud y pensiones.

También destacó la reducción en el recaudo de la Dian durante 2024, que alcanzó una disminución de $18,4 billones, lo que profundizó la presión sobre las finanzas estatales.

En su análisis, el ministro sostuvo que las restricciones actuales no obedecen únicamente a decisiones recientes, sino a una tendencia de aumento constante del gasto y acumulación de deuda en años anteriores.

Su planteamiento, dijo, busca mantener la sostenibilidad macroeconómica y proteger las partidas sociales prioritarias.

En ese contexto, la propuesta de ajuste consistiría en bajar el monto inicial a $546,9 billones, lo que reduciría de $26,3 billones a $16,3 billones la meta de recaudo de la reforma tributaria en discusión.

Las reacciones a este planteamiento no se hicieron esperar. El exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, calificó el ajuste como “cosmético” y advirtió que la magnitud del déficit fiscal exige un recorte de al menos $55 billones.

Según su análisis, la estrategia parece más una jugada política que una medida técnica, pues busca evitar que el Congreso rechace la iniciativa mientras se prepara la posibilidad de aprobar el presupuesto por decreto.

En la misma línea, el exministro Juan Camilo Restrepo expresó que el monto del presupuesto no debería ser utilizado como mecanismo de presión para lograr la aprobación de la reforma tributaria.

A su juicio, esta forma de proceder desvirtúa las instituciones presupuestales y abre la puerta a una expedición irregular del PGN mediante decreto, lo que, advirtió, afectaría la institucionalidad.

Por su parte, el exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, alertó en Caracol Radio sobre la falta de coherencia en autorizar gastos sin contar con ingresos garantizados.

Señaló que el déficit real supera los $50 billones y que la estrategia del Gobierno ha sido postergar pagos, lo que acumula compromisos que limitan la capacidad de ejecución.

Añadió que el Ejecutivo ha confiado en que la financiación recaiga sobre el próximo gobierno, trasladando así los riesgos fiscales al corto y mediano plazo.

Con el reloj en contra y la falta de consensos en el Legislativo, la opción de un “decretazo” para establecer el presupuesto de 2026 cobra cada vez más relevancia.

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Las discusiones no se limitan al monto total, sino que reflejan un debate más amplio sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, la legitimidad de las decisiones fiscales y el impacto que estas tendrán en la inversión, el empleo y la estabilidad institucional.

Uno de los puntos controvertidos es la estimación de fuentes de financiación poco seguras. Según ha trascendido, el Ministerio de Hacienda plantea ingresos que aún no cuentan con respaldo claro, mientras que algunos congresistas advierten que si bien se proyecta un aumento en el gasto, la ejecución del presupuesto actual marcha lenta.

Otro ítem criticado es la inclusión en el articulado del PGN de provisiones que otorgan facultades amplias al Ejecutivo, especialmente en lo relacionado con vigencias futuras y reprogramaciones presupuestales.

Estos instrumentos permiten aplazar obligaciones financieras o comprometer recursos sin que exista certeza del momento en que se realizará el gasto, lo que para algunos legisladores perjudica la claridad, la seguridad jurídica y el control democrático.

En particular, se observa que se propone facultar al gobierno para reprogramar vigencias futuras del sector transporte, lo que algunos interpretan como una forma de flexibilizar la ejecución sin que haya garantía de seguimiento ni supervisión efectiva.

Relacionado con esto, se critica el posible déficit fiscal elevado. Según los analistas de Fedesarrollo, el presupuesto propuesto por el Ejecutivo se aparta de lo que sería una senda fiscal prudente, pues supera ampliamente lo que podría considerarse sostenible dadas las condiciones actuales de ingresos, inflación y crecimiento económico.

El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 fue presentado con un monto total de $556,9-billones, lo que equivale al 28,9 % del PIB. Del presupuesto proyectado, $365,7 billones corresponderían al gasto de funcionamiento; $102 billones al servicio de la deuda; y $88,7 billones a inversión.

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