Lupa de la Contraloría a contratos de emergencia para garantizar la expedición de pasaportes

El contralor general de la República, Jorge Laverde Vargas, anunció que el organismo de control adelantará acciones de seguimiento y vigilancia fiscal a los contratos derivados de la urgencia manifiesta declarada por el ministerio de Relaciones Exteriores para atender las necesidades del servicio de pasaportes.

El objetivo es verificar el uso de los recursos públicos destinados a garantizar la continuidad de la producción, expedición y entrega de estos documentos a los ciudadanos colombianos, tanto dentro del país como en el exterior.

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“Los colombianos deben tener la tranquilidad de que las autoridades responsables están obligadas a garantizar la continuidad del servicio de pasaportes. Desde nuestras competencias de control fiscal, vigilaremos que los recursos destinados a atender esta urgencia se utilicen con transparencia, eficiencia y estricto cumplimiento de la ley”, manifestó Laverde.

El jefe de la Contraloría enfatizó que las medidas contractuales adoptadas para responder a la emergencia deben limitarse a cubrir las necesidades indispensables para evitar la interrupción del servicio. Además, recalcó que las actuaciones deben respetar las decisiones judiciales relacionadas con la contratación de pasaportes.

La vigilancia fiscal incluirá la revisión de la necesidad de los bienes y servicios contratados, la razonabilidad de los montos y los plazos establecidos, así como la idoneidad del contratista seleccionado.

También se examinará que los nuevos contratos tengan autonomía frente a los instrumentos contractuales que fueron suspendidos por decisiones judiciales. De igual manera, la entidad evaluará si resulta procedente establecer un seguimiento especial, de acuerdo con las competencias de la Dirección de Vigilancia Fiscal.

Como parte de estas actuaciones, el contralor señaló que la Cancillería y su Fondo Rotatorio deberán incorporar al expediente contractual la documentación que permita verificar la legalidad y el desarrollo de los procesos.

Entre los documentos requeridos están los contratos, sus antecedentes técnicos y financieros, las certificaciones de inventario, los soportes presupuestales y las pruebas documentales que acrediten el avance de la contratación.

Laverde insistió en que la respuesta a la contingencia no puede limitarse a las medidas excepcionales y subrayó la necesidad de establecer una solución de carácter permanente para garantizar la prestación del servicio.

“La solución de emergencia debe estar acompañada de una solución permanente. La Cancillería debe avanzar de inmediato en la estructuración de la licitación pública, con cronograma, responsables y seguimiento, para que la continuidad del servicio no dependa indefinidamente de medidas excepcionales”, afirmó el contralor.

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