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Lanzan alerta por crisis de Air-e tras 19 meses de intervención
No existen resultados estructurales que garanticen la viabilidad de Air-e y piden explicaciones sobre el manejo financiero y contractual de la empresa.
La Procuraduría General de la Nación lanzó una nueva alerta sobre la situación de Air-e tras 19 meses de intervención administrativa, al considerar que no existen resultados estructurales que permitan garantizar la viabilidad financiera y operativa de la electrificadora.
Por esta razón, el ente de control requirió formalmente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la agente interventora, Tania Patricia Peñaranda Zuleta, para que expliquen los avances alcanzados durante el proceso de intervención y sustenten las decisiones administrativas adoptadas hasta el momento.
La Procuraduría manifestó preocupación porque, después de más de un año y medio de intervención, no existen estados financieros plenamente verificados ni se han publicado los informes de auditoría correspondientes.
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El Ministerio Público también advirtió sobre el aumento sostenido del pasivo corporativo de la empresa y sobre las presuntas irregularidades contractuales que han sido conocidas públicamente en medio de la administración temporal.
Otro de los puntos que inquieta al organismo de control es la alta rotación de interventores. Según la Procuraduría, ya son cinco las personas que han pasado por la dirección de la empresa durante la intervención, situación que, a juicio del ente, afecta la continuidad de los procesos y dificulta la trazabilidad técnica, administrativa y documental.
Ante la incertidumbre sobre una solución empresarial definitiva para Air-e, la Procuraduría solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos remitir una hoja de ruta actualizada que detalle el futuro de la compañía y los mecanismos de empalme implementados entre las distintas administraciones.
De igual manera, exigió a la empresa entregar los estados financieros auditados desde septiembre de 2024, así como la relación detallada de todos los contratos superiores a $500 millones celebrados durante la intervención.
El ente de control también pidió la presentación de un plan de acción concreto y estructurado que permita atender las millonarias obligaciones acumuladas con el mercado energético y garantizar la sostenibilidad de la compañía.
La situación de Air-e ha generado preocupación en la región Caribe debido a su impacto en la prestación del servicio de energía eléctrica para millones de usuarios, así como por las dificultades financieras que enfrenta la empresa desde hace varios años.
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