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Gobierno habría frenado negocio de Ecopetrol que hoy valdría hasta US$8.400 millones más

El costo estimado de no aprobar asunto clave en la petrolera.

ECOPETROL CAMISA
Por Agencia Periodismo Investigativo | Lun, 04/05/2026 - 20:58 Créditos: Colprensa / W Radio

La decisión del presidente Gustavo Petro de frenar la participación de Ecopetrol en el denominado “Proyecto Oslo”, una operación para adquirir activos petroleros en Estados Unidos, sigue generando repercusiones económicas y debate sobre el rumbo estratégico de la principal empresa del país.

La negociación contemplaba la compra de hasta el 49% de participación en activos de la firma CrownRock, operados por Occidental Petroleum (Oxy), en la cuenca del Permian, uno de los mayores centros de producción de hidrocarburos no convencionales del mundo.

El acuerdo, valorado en aproximadamente US$3.600 millones, contaba con avales técnicos, financieros y de gobierno corporativo dentro de la compañía.

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Sin embargo, a finales de julio de 2024, el mandatario expresó su desacuerdo con la operación, lo que llevó a la junta directiva de Ecopetrol a desistir del negocio en una sesión formal realizada días después.

Un análisis del mercado ha estimado que, en el contexto actual de precios internacionales del petróleo, la inversión frustrada habría incrementado considerablemente su valor.

Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, sostuvo que, con el aumento del precio del crudo, el activo podría situarse entre US$7.200 y US$12.000 millones.

Esto implicaría una valorización de hasta US$8.400 millones adicionales frente al monto inicial.

De acuerdo con proyecciones previas, el proyecto habría permitido aumentar la producción de Ecopetrol en cerca de 65.000 barriles diarios, fortalecer sus reservas probadas en alrededor de 9% y aportar cerca del 14% de sus utilidades.

Estas cifras coincidían con evaluaciones de firmas internacionales que consideraban la operación rentable y estratégica para la expansión de la compañía.

El proyecto se sustentaba en la experiencia que Ecopetrol ha desarrollado en la cuenca del Permian desde 2019, donde el fracking ha representado una parte significativa de su producción.

En 2024, esta técnica aportó cerca del 13% del total de hidrocarburos de la compañía, lo que evidencia su relevancia en la operación internacional.

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Además, estudios internos señalaban que los activos en Estados Unidos podrían generar menores emisiones en comparación con algunos campos en Colombia, lo que era presentado como un argumento adicional para la inversión.

No obstante, la decisión presidencial se alineó con la postura del Gobierno frente al fracking, técnica a la que se opone por consideraciones ambientales.

Esta posición ha llevado a descartar no solo proyectos en territorio nacional, sino también inversiones en el exterior vinculadas a este método.

El freno al proyecto también derivó en la salida de dos miembros de la junta directiva, Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, quienes cuestionaron la decisión y advirtieron sobre sus implicaciones para el futuro de la empresa y sus más de 250.000 accionistas.

Según los exdirectivos, la operación era clave para sostener la producción y mejorar los ingresos de la petrolera en el mediano plazo. Incluso, análisis financieros indicaban que la adquisición no comprometería de manera significativa el perfil crediticio de la compañía y podría autofinanciarse con su propia rentabilidad.

El hecho se suma a otros factores que han afectado la percepción del mercado sobre Ecopetrol. La compañía ha enfrentado caídas en el valor de su acción y en sus utilidades en los últimos años, en medio de cambios en su estrategia y cuestionamientos sobre su gobierno corporativo.

En este contexto, la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (Utipec) elevó recientemente una denuncia ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), alertando sobre una posible descapitalización de la empresa. El sindicato atribuye esta situación, entre otros factores, a la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración, lo que podría afectar la sostenibilidad financiera a largo plazo.

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