Contraloría mantiene hallazgo contra la ANT por $370.000 millones en compra de predios para víctimas

La gestión de Felipe Harman como director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) durante el gobierno de Gustavo Petro vuelve a estar bajo cuestionamiento. Un informe de atención de denuncia de la Contraloría General de la República, conocido por El Tiempo, concluyó que la entidad desembolsó el 95,67% de los recursos previstos en dos contratos por $710.000 millones, pero solo logró acreditar la transferencia real de dominio sobre el 45,46% de esos recursos.

Aunque la ANT solicitó retirar el hallazgo identificado por el organismo de control, la Contraloría se negó a hacerlo y decidió mantener la pesquisa fiscal y disciplinaria.

El informe, de 38 páginas, fue elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, cuyos resultados fueron comunicados en su momento al entonces director de la ANT, Felipe Harman.

La actuación de control fiscal puso la lupa sobre una operación realizada en 2024, mediante la cual la ANT adquirió predios al Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV), administrado por la Unidad para las Víctimas. Los terrenos estaban destinados al Fondo de Tierras y, posteriormente, a beneficiar a víctimas del conflicto armado.

Uno de los principales hallazgos de la investigación establece una diferencia de $370.487’803.320 entre los recursos desembolsados por la ANT y el valor que efectivamente quedó respaldado mediante actos de transferencia de dominio.

El documento fue elaborado después de que un comité de evaluación sectorial validara un análisis de los contratos realizado el pasado 30 de julio, en lo que constituyó una segunda valoración del expediente.

Los contratos bajo investigación

La actuación de la Contraloría se concentró en dos contratos interadministrativos suscritos entre la ANT y la Unidad para las Víctimas: el ANT-202413098, por alrededor de $410.000 millones, y el ANT-20245680, por cerca de $300.000 millones.

Los acuerdos tenían como objetivo la adquisición de predios rurales destinados al Fondo de Tierras. Sin embargo, la Contraloría estableció que solo pudo acreditarse, como respaldo mínimo, la expedición de actos administrativos de transferencia sobre predios por $308.781’306.543.

Esto representa apenas el 45,46 % de los recursos desembolsados en el marco de los dos contratos. 

El comportamiento fue diferente en cada uno de los acuerdos.

En el primer contrato se desembolsaron $393.001’098.103, pero el respaldo acreditado mediante actos de transferencia de dominio apenas alcanzó los $100.685’756.046, equivalentes al 25,62% de lo girado.

En este caso fueron identificados 71 predios con resolución de transferencia. De ellos, 52 ya estaban inscritos, mientras que los 19 restantes continuaban en trámite registral.

En el segundo contrato, la ANT desembolsó $286.268’011.760 y logró acreditar respaldo por $208.095’550.497, lo que corresponde al 72,69% de los recursos girados.

Para este contrato fueron identificados 105 predios con resolución de transferencia: 78 estaban inscritos y 27 permanecían en trámite registral.

Durante la investigación, la Contraloría cuestionó que se hubieran efectuado desembolsos de millonarios recursos públicos sin que existiera una correspondencia proporcional entre los pagos realizados y la transferencia y consolidación del dominio de los predios a favor de la ANT.

Los terrenos adquiridos estaban destinados a programas para favorecer a las víctimas del conflicto, por lo que el organismo de control puso especial atención sobre la situación jurídica de los inmuebles.

Los auditores que participaron en el expediente señalaron que los predios involucrados presentaban situaciones jurídicas diferentes, circunstancia que, según la investigación, obligaba a realizar análisis particulares sobre cada inmueble.

Entre los aspectos que debían ser revisados estaban su disponibilidad, posibles solicitudes de restitución, ocupaciones, contingencias y otras eventualidades que pudieran afectar la transferencia efectiva de los terrenos.

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