Asobancaria alerta por “cartel de la insolvencia”: casos se dispararían a 35.000 en 2026

El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, denunció que el sistema financiero enfrenta un fenómeno creciente que calificó como el “cartel de la insolvencia”, una presunta estructura criminal que estaría utilizando de manera irregular esta figura legal para evadir el pago de deudas.

Según explicó, el número de procesos de insolvencia ha tenido un aumento exponencial en la última década: mientras hace 10 años se registraban cerca de 400 casos, en 2025 la cifra alcanzó los 20.000 y para 2026 se proyecta que llegue a 35.000.

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Malagón advirtió que el uso indebido de este mecanismo tiene consecuencias severas para quienes lo promueven. “Quien hace mal uso de esta figura y pide créditos que no pretende pagar se cierra las puertas al sistema financiero formal, mancha su historial crediticio y se expone a procesos penales”, señaló.

El dirigente gremial aseguró que detrás de este fenómeno existiría una red integrada por abogados, asesores y centros de conciliación que recurren a maniobras irregulares para facilitar el acceso indebido a la insolvencia. Entre las prácticas detectadas estaría la creación de deudas ficticias para cumplir requisitos legales y promover acuerdos que afectan a los acreedores reales.

“Se han detectado situaciones recurrentes que nos permiten advertir sobre una estructura criminal (…) lo que genera consecuencias como la pérdida de confianza, el reporte a centrales de riesgo, barreras de acceso al crédito e incluso sanciones penales”, agregó.

Por su parte, el abogado penalista Iván Cancino explicó que quienes participen en estas prácticas podrían incurrir en delitos como concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento, lo que podría derivar en penas de cárcel.

El uso fraudulento de la insolvencia también impacta al sistema financiero en su conjunto, al deteriorar la confianza, endurecer los requisitos de acceso al crédito y encarecer su costo para los usuarios.

En esa línea, Diana Talero, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, recordó que esta figura fue creada para deudores en crisis real y no para evadir obligaciones. Advirtió además que los abogados que incurran en prácticas fraudulentas podrían enfrentar sanciones disciplinarias, incluida la pérdida de su tarjeta profesional, además de consecuencias penales.

La alerta abre un nuevo frente de preocupación sobre el uso indebido de mecanismos legales y sus efectos en la estabilidad del sistema financiero colombiano.

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