Alza de impuestos al oro en Colombia amenaza exportaciones

A pesar del momento dorado que vive el precio internacional del oro, superando los US$3.500 por onza, el sector aurífero colombiano podría enfrentar un duro revés. 

Un proyecto de decreto que busca aumentar significativamente la retención en la fuente en las compras de oro por parte de las Sociedades de Comercialización Internacional (C.I.) del 1% actual al 2,5% ha generado profunda preocupación entre los actores del sector.

La normativa vigente ya establece una deducción total efectiva del 5% para los mineros que venden su producción a las C.I., resultado del 4% de regalías y el 1% de retención en la fuente. Expertos internacionales han advertido que este porcentaje se encuentra en el límite máximo para mantener la competitividad del canal formal frente a las opciones ilegales.

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El nuevo proyecto de decreto propone adicionar un 1,5% de retención a cargo de las C.I., elevando el total a 2,5%. Paralelamente, se plantea una autorretención general del 4,5% para la actividad de extracción de oro (CIIU 0722). Aunque estas cargas se aplican en diferentes etapas de la cadena, el minero de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) que opte por la vía formal percibiría una carga fiscal total implícita del 11%.

Ante esta situación, el presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, advierte sobre las graves consecuencias: “Las consecuencias previsibles de este posible aumento en la retención en la fuente es menos formalidad, potencia menor recaudo y mayor inseguridad. Consideramos que la implementación de esta medida, lejos de fortalecer las finanzas públicas y el control estatal, generaría una serie de consecuencias negativas interconectadas”. 

El dirigente gremial también señaló la contradicción de esta medida en un contexto de precios internacionales del oro al alza, recordando que las exportaciones del metal precioso entre enero y febrero de 2025 alcanzaron los US$649 millones, con un aumento del 31,6% según cifras de la Dian analizadas por Analdex.

La principal preocupación radica en una potencial desviación masiva hacia el mercado informal. Una carga fiscal del 11% se convertiría en un fuerte desincentivo para la comercialización formal, estimándose que hasta el 90% de las aproximadamente 40 toneladas anuales de oro Mape con vocación de formalidad se dirigirían hacia mercados paralelos y rutas de contrabando. Esto significaría un importante retroceso en los esfuerzos por la formalización minera y la implementación de estándares de debida diligencia.

Además, se anticipa un impacto fiscal negativo. Si bien la intención del decreto es aumentar el recaudo por unidad vendida formalmente, la drástica reducción del volumen comercializado legalmente podría resultar en una disminución neta de los ingresos fiscales. 

Cálculos preliminares sugieren que el recaudo actual podría rondar los US$225 millones anuales, mientras que con la nueva estructura (tasa efectiva del 11% aplicada a un volumen formal reducido al 10%) podría caer a cerca de US$50 millones, representando una pérdida potencial para el fisco de aproximadamente US$175 millones anuales. Se estima que bastaría con que un 55% del oro Mape se desvíe al contrabando para neutralizar cualquier ganancia derivada del aumento de las tarifas de retención.

Finalmente, la consecuencia más alarmante sería el fortalecimiento involuntario de grupos armados. El aumento del volumen de oro disponible para el contrabando fortalecería directamente sus fuentes de financiación, ya que estos grupos controlan una parte importante de la producción y las rutas ilegales. Esta situación iría en contravía de la política de seguridad y defensa nacional y dificultaría la consolidación de la paz y el control territorial por parte del Estado.

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