¿Qué significa para Colombia la posible descertificación antidrogas del Gobierno Trump en 2025?

Este 15 de septiembre de 2025 vence el plazo legal para que la Casa Blanca publique su determinación anual sobre los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas y, dentro de ella, si alguno “falló de manera demostrable” en sus esfuerzos antidrogas durante los últimos 12 meses.

Esa decisión —prevista por ley— puede incluir a Colombia y definir si el Gobierno de Estados Unidos certifica o descertifica la cooperación del país andino en la lucha contra el narcotráfico.

La fecha no es caprichosa: el propio marco normativo exige que, a más tardar el 15 de septiembre de cada año fiscal, el presidente remita al Congreso el listado y sus justificaciones.

La certificación antidrogas tiene su origen en la Sección 490 de la Ley de Asistencia Exterior de 1961, modificada y sustituida en 2002 por el esquema vigente de “lista de los principales” y la figura de países que “han fallado de manera demostrable” (failed demonstrably).

Desde entonces, la decisión presidencial activa consecuencias automáticas: la retención de gran parte de la asistencia bilateral de EE. UU. y la obligación de votar en contra de créditos en bancos multilaterales, aunque el presidente puede otorgar una dispensa por “interés nacional” para evitar todo o parte de esas sanciones.

Cada septiembre la Casa Blanca identifica a las naciones con mayor producción o tránsito de estupefacientes, y dentro de ese grupo determina si alguna “falló de manera demostrable” por no adherir a sus obligaciones internacionales ni adoptar medidas previstas en la legislación estadounidense.

En los años recientes, las comunicaciones oficiales suelen acompañar la decisión con un anexo que explica país por país las razones y, en su caso, la dispensa por interés nacional que mantiene ciertos programas pese a la descertificación.

Así ocurrió, por ejemplo, en 2023 y 2024, cuando la Presidencia incluyó a Bolivia, Birmania (Myanmar) y Venezuela en la categoría de “failed demonstrably”, a la vez que permitió continuar algunos apoyos por razones estratégicas.

La descertificación conlleva, como regla, la suspensión de la mayoría de las ayudas bilaterales y garantías financieras de EE. UU., así como el voto en contra de operaciones en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo; típicamente se exceptúan la ayuda humanitaria y algunos rubros de cooperación antidrogas si media dispensa.

También puede afectar instrumentos de fomento a la inversión y al comercio, como los respaldos de EXIM u OPIC (hoy DFC), y erosiona la confianza de mercado por la señal que envía a inversionistas y calificadoras.

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Informes del GAO y CRS han detallado esos efectos desde los años noventa, subrayando que la oposición estadounidense en los directorios de bancos multilaterales complica o encarece el acceso a financiamiento soberano, incluso cuando los préstamos no quedan jurídicamente prohibidos.

Colombia fue descertificada en 1996 y 1997, en el contexto de las denuncias sobre financiación ilícita de la campaña presidencial de Ernesto Samper.

Aquella medida supuso el recorte de múltiples asistencias, el voto negativo de EE. UU. a créditos multilaterales y un deterioro abrupto de la relación bilateral, con efectos políticos que perduraron varios años.

Diversas reseñas académicas y de archivos oficiales documentan ese periodo y sus implicaciones para la cooperación posterior, incluida la reconfiguración que desembocó en el diseño y financiamiento de Plan Colombia a partir de 1999-2000.

En las últimas dos décadas, la categoría de “failed demonstrably” ha recaído de manera recurrente en Bolivia, Venezuela y Birmania (Myanmar); en años previos también figuraron Afganistán, Irán o Nigeria.

En general, la Casa Blanca acompaña la descertificación con una dispensa parcial para no interrumpir programas específicos, pero el sello político y las restricciones financieras permanecen, afectando la reputación y el acceso a recursos.

Los memorandos presidenciales publicados cada septiembre y las notas del Departamento de Estado muestran esa continuidad: 2014, 2023 y 2024 repiten el patrón con Bolivia, Birmania y Venezuela como los casos más persistentes.

La determinación presidencial de 2025 llega tras un año de debate sobre la evolución de los cultivos de coca, los flujos de cocaína y la arquitectura de la política antidrogas, en medio de ajustes internos y tensiones diplomáticas.

Organizaciones de seguimiento en Washington han advertido que una descertificación sería un instrumento torpe e ineficaz que perjudicaría la cooperación en seguridad, desarrollo rural y justicia, además de entorpecer créditos multilaterales apostados a reformas institucionales; aun así, recuerdan que el marco legal permite a la Casa Blanca activar sanciones y, si lo considera, mitigarlas con una dispensa por interés nacional.

En el plano financiero, la señal inmediata sería la obligación de Estados Unidos de votar en contra de nuevos préstamos o garantías a Colombia en organismos como el Banco Mundial o el BID, lo que podría retrasar aprobaciones, reconfigurar condiciones o exigir contrapartidas adicionales; con dispensa, esa oposición podría atenuarse, pero el ruido reputacional persistiría.

En el frente presupuestal, se congelaría buena parte de la asistencia bilateral, a excepción de la ayuda humanitaria o de programas que la propia Casa Blanca exceptúe por interés nacional; ello afectaría paquetes de apoyo técnico y operativo en justicia, policía, control de precursores y desarrollo alternativo.

En comercio e inversión, historiales previos muestran impactos indirectos: endurecimiento de seguros de riesgo, mayor escrutinio de cumplimiento y posibles efectos en preferencias o facilidades financieras gestionadas desde Washington, aunque no impliquen cambios arancelarios automáticos.

En lo político-diplomático, la descertificación tensaría la interlocución de alto nivel y condicionaría agendas sensibles —extradición, interdicción marítima, cooperación fronteriza— justo cuando los flujos regionales de cocaína y fentanilo demandan respuestas coordinadas.

Todo lo anterior está expresamente anclado en la normativa que ordena retener asistencia y votar contra créditos, con un margen de maniobra presidencial a través de la dispensa.

De confirmarse la cooperación “suficiente” o una dispensa, se preservaría la continuidad de la ayuda bilateral y el apoyo o neutralidad de EE. UU. en los directorios de los bancos multilaterales.

También se reduciría el riesgo reputacional en mercados y se reforzaría la agenda de corresponsabilidad, que en los últimos reportes oficiales se expresa en el International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), documento que marca prioridades técnicas y operativas para el siguiente ciclo fiscal.

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