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Primera denuncia en Fiscalía de gobierno electo: dudoso convenio ANT-SAE por $500.000 millones para reforma agraria
El 80% de los recursos del contrato ya habría sido desembolsado, mientras que la ejecución efectiva sería del 0%. Felipe Harman y Amelia Pérez cabezas de las dos entidades.
La estrategia anticorrupción del nuevo Gobierno comenzó a mostrar los primeros expedientes que serán llevados ante los organismos de control y la justicia penal.
Entre ellos aparece uno de los programas más representativos de la política de Reforma Agraria impulsada durante el gobierno anterior: el convenio suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para la adquisición y entrega de predios provenientes de procesos de extinción de dominio a familias campesinas.
La primera fue dirigida por Felipe Harman y la segunda por Amelia Pérez, el primero explicó el manejo del medio billón de pesos denunciado.
Harman indicó que el acuerdo tiene “todas las garantías jurídicas” y que los recursos entregados funcionan como respaldo ante eventuales litigios. “Con este manto de duda lo que están buscando es regresarle la tierra a la mafia”, afirmó.
El documento oficial del Equipo Dorado Anticorrupción, dirigido al vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano, revela que este caso fue priorizado para la presentación de denuncias penales, disciplinarias y fiscales ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
La denuncia muestra una matriz de seguimiento titulada "Denuncias penales, disciplinarias y fiscales por casos priorizados", en la que se relacionan los proyectos considerados objeto de revisión por parte del nuevo Gobierno.
El primer expediente corresponde a la Agencia Nacional de Tierras, específicamente al convenio desarrollado con la Sociedad de Activos Especiales dentro de la política de Reforma Agraria.
De acuerdo con el documento, el convenio tenía como finalidad adquirir y entregar a campesinos propiedades sometidas a procesos de extinción de dominio.
En la ficha se indica que, con fundamento en ese acuerdo, la ANT celebró un contrato por 500.000 millones de pesos, convirtiéndose en una de las inversiones más significativas destinadas a fortalecer el acceso a la tierra para comunidades rurales.
Sin embargo, el informe sostiene que el proyecto presenta una diferencia sustancial entre la ejecución financiera y la ejecución material.
Según el cuadro, el 80% de los recursos del contrato ya habría sido desembolsado, mientras que la ejecución efectiva sería del 0%, debido a que la obligación principal consistía en entregar los inmuebles debidamente escriturados a los beneficiarios, situación que, según el documento, no se habría materializado porque "no existe escritura alguna".
La observación constituye el eje central del eventual proceso de investigación. El informe no afirma la existencia de delitos consumados ni establece responsabilidades individuales, pero sí plantea un presunto riesgo para el patrimonio público y para los beneficiarios de la política agraria.
En la columna denominada "Irregularidades", el documento advierte que el riesgo consiste en que los beneficiarios de la Reforma Agraria queden con bienes sin títulos idóneos ni saneados, circunstancia que impediría consolidar jurídicamente la propiedad rural que buscaba garantizar el programa gubernamental.
Para expertos en derecho agrario y administración pública, la formalización de la propiedad constituye uno de los componentes esenciales de cualquier proceso de redistribución de tierras.
La entrega material de un predio, sin el correspondiente saneamiento jurídico y registral, puede impedir que el campesino ejerza plenamente el derecho de dominio, acceda a créditos agropecuarios, reciba incentivos estatales o pueda realizar actos de disposición sobre el inmueble.
Precisamente por esa razón, tanto la Ley 160 de 1994 como las normas posteriores sobre ordenamiento social de la propiedad rural han insistido en que la formalización constituye una etapa indispensable dentro de la política pública de acceso a la tierra.
De igual manera, la Agencia Nacional de Tierras tiene entre sus funciones adelantar procesos de clarificación, adjudicación y formalización de predios rurales, mientras que la Sociedad de Activos Especiales administra bienes provenientes de procesos de extinción de dominio para diferentes fines definidos por el Estado.
El documento también refleja que el nuevo Gobierno considera que existen elementos suficientes para presentar denuncias simultáneamente ante tres autoridades diferentes.
Ante los hechos se anunció la presentación de las denuncias penal, disciplinaria y fiscal ya estarían listas para ser radicadas, lo que implica que cada organismo deberá evaluar asuntos distintos.
La Fiscalía General de la Nación tendra entonces la competencia de establecer si los hechos descritos pueden configurar conductas tipificadas en el Código Penal relacionadas con la contratación pública o la administración de recursos estatales.
La Procuraduría, por su parte, deberá definir la eventual responsabilidad disciplinaria de servidores públicos involucrados en la celebración y ejecución del convenio, mientras que la Contraloría evaluaría si existió un posible detrimento patrimonial derivado del manejo de los recursos públicos.
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La denuncia hace parte de un documento interno de priorización de investigaciones y no contiene decisiones judiciales ni administrativas definitivas.
En consecuencia, cualquier eventual responsabilidad deberá ser establecida dentro de los procesos correspondientes y respetando el principio constitucional de presunción de inocencia.
El convenio entre la ANT y la SAE formó parte de una de las principales apuestas de la Reforma Agraria desarrollada durante el gobierno de Gustavo Petro. La estrategia buscaba acelerar la entrega de tierras mediante la utilización de predios provenientes de procesos de extinción de dominio administrados por la Sociedad de Activos Especiales, evitando largos procesos de adquisición y permitiendo ampliar rápidamente el número de beneficiarios.
Durante ese periodo, el Gobierno sostuvo que la democratización de la tierra constituía uno de los pilares de la implementación de la Reforma Rural Integral prevista en el Acuerdo Final de Paz de 2016.
Diversos informes oficiales destacaron la importancia de incorporar predios provenientes de la SAE como mecanismo para incrementar la oferta de tierras destinadas a campesinos sin propiedad o con propiedad insuficiente.
Ahora, la nueva administración parece haber decidido revisar la forma en que fueron ejecutados varios de esos programas. La inclusión del convenio ANT-SAE como el primer caso priorizado dentro del listado del Equipo Dorado Anticorrupción indica que este expediente tendrá un seguimiento especial por parte de los organismos de control una vez se formalicen las denuncias anunciadas.
En adelante corresponderá a las autoridades competentes verificar el estado real de los inmuebles, establecer el avance jurídico de las escrituras, revisar la ejecución contractual, determinar el destino de los recursos desembolsados y esclarecer si las observaciones consignadas en el documento tienen sustento probatorio suficiente para derivar responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales.
Las investigaciones también permitirán establecer si existieron incumplimientos administrativos susceptibles de corrección o si, por el contrario, los hallazgos configuran conductas que ameriten procesos sancionatorios.
Mientras ello ocurre, el caso se perfila como uno de los primeros grandes expedientes que marcarán la agenda anticorrupción del nuevo Gobierno en materia de contratación pública y ejecución de la Reforma Agraria.
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