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Líos de regalías en Barrancabermeja: seis suspendidos y contratos por más de $280.000 millones en la mira
A denuncia contra el alcalde Jhonatan Vásquez por manejos en la contratación se suma la suspensión de seis funcionarios de su administración.
La Personería Distrital de Barrancabermeja abrió una investigación disciplinaria contra siete funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía y ordenó la suspensión provisional de seis de ellos durante tres meses, sin derecho a remuneración, por presuntas irregularidades en la aprobación, financiación, contratación y ejecución de proyectos con recursos del Sistema General de Regalías que superan los $107.420 millones.
La decisión, adoptada el pasado 4 de noviembre, también advierte sobre la existencia de nuevos proyectos por más de $174.211 millones que podrían quedar sometidos a procedimientos administrativos similares a los cuestionados por el organismo de control.
La investigación comprende actuaciones adelantadas durante la administración del alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez y examina decisiones de las secretarías de Planeación, Hacienda, Infraestructura, Ambiente y Transición Energética, la Secretaría General, la Dirección de Planeación Institucional y la asesoría jurídica de la administración distrital.
El “Auto de apertura con suspensión provisional”, fue expedido por la Personería Delegada para la Vigilancia, Contratación Administrativa, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, bajo la firma de Fernando Herrera Orozco.
La providencia contiene los fundamentos jurídicos y las pruebas preliminares que llevaron al organismo a iniciar formalmente la actuación disciplinaria, ordenar medidas preventivas y compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe la posible existencia de conductas penales.
Los funcionarios suspendidos son Jessie Stivent Moreno Salom, secretario general de la Alcaldía; Maribel Benítez Perea, secretaria distrital de Planeación; Óscar Enrique Jaramillo Jiménez, secretario distrital de Hacienda; Dayron Oswaldo Aguilera Cárdenas, asesor del despacho del alcalde; Johana Paola Santos Rey, secretaria distrital de Infraestructura, y Laura Vanessa Rangel Acosta, directora de Planeación Institucional.
El séptimo investigado es Rafael Leonardo Granados Cárdenas, quien se desempeñó como secretario distrital de Ambiente y Transición Energética.
La Personería lo vinculó a la investigación por actuaciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones, pero no ordenó su suspensión porque ya no permanecía en el cargo cuando se adoptó la decisión.
La investigación se originó por presuntas irregularidades relacionadas con la aprobación de cuatro proyectos de inversión y la designación del Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestión Social de Colombia, Foncolombia, como entidad ejecutora.
El expediente identifica como punto central la Resolución 5396 del 30 de diciembre de 2025, expedida por la Secretaría General de la Alcaldía, mediante la cual se aprobaron cuatro proyectos financiados con recursos de asignaciones directas del Sistema General de Regalías y se designó a Foncolombia para su ejecución. La decisión administrativa fue modificada posteriormente mediante la Resolución 0353 del 2 de enero de 2026.
La Personería examina las circunstancias en las que se produjo esa modificación, sus efectos sobre la financiación de los proyectos y las actuaciones de los funcionarios que participaron en su elaboración, revisión, aprobación y ejecución.
Los cuatro proyectos corresponden a la construcción de granjas solares para beneficiar a comunidades del distrito de Barrancabermeja; el mantenimiento y adecuación de infraestructura vial; la construcción del establecimiento educativo Los Laureles, y la construcción de la sede B del establecimiento educativo 26 de Marzo, ubicada en el barrio La Esperanza.
De acuerdo con el expediente disciplinario, los proyectos fueron aprobados durante los últimos días de diciembre de 2025, en una secuencia de actuaciones que incluyó la evaluación de requisitos, los conceptos de viabilidad, la revisión presupuestal, la designación del ejecutor y la aprobación de recursos.
Uno de los principales aspectos investigados corresponde al proyecto de granjas solares. El organismo de control identificó presuntas deficiencias en los documentos técnicos, financieros y jurídicos que sirvieron de soporte para su aprobación, particularmente en aspectos relacionados con el plan de sostenibilidad, el uso del suelo, la disponibilidad de predios, la conexión eléctrica y la participación del operador de red.
La Personería encontró elementos que, según su valoración preliminar, justifican establecer si la iniciativa fue aprobada sin contar con todos los requisitos exigidos por las disposiciones que regulan la inversión de recursos del Sistema General de Regalías.
Entre los documentos examinados figura un plan de sostenibilidad que fue cuestionado por su contenido y por las diferencias advertidas entre la información presentada para justificar el proyecto y los soportes técnicos requeridos para garantizar su funcionamiento.
El organismo de control también identificó interrogantes sobre la documentación relacionada con la disponibilidad de los predios destinados a la instalación de las granjas solares.
En particular, se examina si las certificaciones aportadas acreditaban adecuadamente la posibilidad de utilizar los terrenos para desarrollar las obras proyectadas.
Otro de los aspectos investigados corresponde a los conceptos relacionados con la conexión de los proyectos al sistema eléctrico. La providencia menciona advertencias y comunicaciones técnicas sobre la necesidad de contar con la participación y los avales correspondientes del operador de red, así como inconsistencias en la documentación utilizada para sustentar la viabilidad de las instalaciones.
Según el expediente, durante diciembre de 2025 se produjeron varias comunicaciones entre dependencias de la Alcaldía relacionadas con estos requisitos. La Personería busca establecer si las advertencias fueron atendidas antes de aprobar los proyectos o si las decisiones administrativas se adoptaron sin resolver las observaciones existentes.
En el caso del proyecto de granjas solares, la investigación incluye la revisión de conceptos expedidos por funcionarios de Ambiente y Transición Energética, Planeación Institucional y otras dependencias que intervinieron en la formulación y aprobación.
El organismo de control considera necesario determinar si los documentos incorporados al expediente acreditaban efectivamente los requisitos técnicos y si los servidores que participaron en el trámite cumplieron las obligaciones correspondientes a sus cargos.
La investigación también examina el procedimiento mediante el cual Foncolombia fue designado como ejecutor de los cuatro proyectos.
De acuerdo con la providencia, uno de los asuntos por esclarecer consiste en determinar si la selección de esa entidad respondió a criterios objetivos de capacidad técnica, administrativa, financiera y operativa, o si existieron omisiones en la valoración de los requisitos exigidos para administrar y ejecutar recursos de regalías.
Foncolombia aparece identificado en el expediente como un fondo mixto que actúa bajo un régimen contractual de derecho privado. La Personería plantea que esa condición no elimina las obligaciones derivadas de la administración de recursos públicos ni las exigencias relacionadas con los principios de transparencia, selección objetiva, responsabilidad y planeación.
La controversia comprende la interpretación y aplicación de las disposiciones del Sistema General de Regalías, especialmente aquellas que regulan la aprobación de proyectos, la designación de ejecutores y las responsabilidades de las entidades que administran los recursos.
El organismo disciplinario también cuestiona la forma en que Foncolombia desarrolló posteriormente los procesos de contratación para ejecutar los proyectos aprobados por la Alcaldía.
En el expediente aparecen referencias a procedimientos contractuales adelantados durante los primeros meses de 2026, a las empresas y uniones temporales que participaron y a la documentación presentada para acreditar experiencia, capacidad financiera y cumplimiento de requisitos.
La Personería ordenó incorporar al proceso los documentos contractuales y solicitar información adicional sobre los mecanismos de selección utilizados, las ofertas recibidas, la evaluación de los proponentes y los criterios empleados para adjudicar los contratos.
La investigación se extiende al cobro y tratamiento presupuestal de diferentes estampillas y contribuciones incorporadas a los proyectos financiados con recursos de regalías.
El expediente contiene cálculos relacionados con estampillas destinadas a cultura, hospitales, universidad pública, bienestar de los adultos mayores y deporte, así como con aportes al Fondo de Seguridad Ciudadana.
La Personería busca establecer si los valores incluidos en los presupuestos de las obras correspondían a obligaciones tributarias efectivamente aplicables o si se incorporaron conceptos que no debían ser asumidos en las condiciones previstas para la contratación.
Una de las situaciones examinadas corresponde a la inclusión de recursos asociados a estampillas que, según la investigación preliminar, podrían no haberse causado de la manera prevista en los presupuestos aprobados.
El organismo de control advierte que estos valores deben analizarse teniendo en cuenta la naturaleza de los contratos, la condición de Foncolombia como entidad ejecutora y las disposiciones tributarias aplicables a las operaciones realizadas.
La providencia también examina si existieron diferencias entre las certificaciones presupuestales expedidas por la administración distrital y los valores incorporados a los documentos de los proyectos.
Estas circunstancias hacen parte de la hipótesis disciplinaria sobre una posible afectación del patrimonio público, cuya existencia, cuantía y responsables deberán determinarse mediante la práctica y valoración de pruebas.
Otro componente de la investigación corresponde a las actividades de supervisión, seguimiento y control de los recursos.
La Personería sostiene que las responsabilidades de los funcionarios no terminaban con la aprobación de los proyectos y que las dependencias distritales debían ejercer las funciones de vigilancia previstas en el régimen del Sistema General de Regalías.
En ese sentido, el expediente incluye observaciones sobre la ausencia o insuficiencia de actuaciones destinadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones del ejecutor, la evolución de las obras, el manejo de los recursos y los riesgos asociados a la contratación.
El organismo de control señala que es necesario establecer si las omisiones advertidas fueron consecuencia de decisiones administrativas, interpretaciones equivocadas de las competencias institucionales o posibles incumplimientos de los deberes funcionales.

La investigación también aborda la participación de los integrantes del Órgano Colegiado de Administración y Decisión correspondiente al distrito, conocido como ODARB, que intervino en la aprobación de los proyectos.
Los investigadores buscan determinar qué información recibieron los funcionarios antes de votar, cuáles fueron los documentos puestos a su consideración y si existían advertencias técnicas o jurídicas que debían ser examinadas previamente.
En el caso de Jessie Stivent Moreno Salom, la Personería revisa su participación como secretario general y delegado del alcalde en el proceso de aprobación de los proyectos, así como las actuaciones relacionadas con la designación de Foncolombia.
Respecto de Maribel Benítez Perea, la investigación se concentra en sus responsabilidades como secretaria de Planeación y en la presentación, revisión y validación de los documentos que respaldaron las iniciativas.
En cuanto a Óscar Enrique Jaramillo Jiménez, el organismo examina su intervención desde la Secretaría de Hacienda, particularmente en lo relacionado con los componentes presupuestales, los recursos destinados a financiar las obras y las obligaciones tributarias incorporadas.
Frente a Rafael Leonardo Granados Cárdenas, las actuaciones se relacionan con los conceptos y documentos técnicos correspondientes a la Secretaría de Ambiente y Transición Energética, en especial aquellos vinculados con la viabilidad de las granjas solares.
La investigación sobre Johana Paola Santos Rey comprende sus funciones en la Secretaría de Infraestructura, la formulación de proyectos, los documentos de planeación y las responsabilidades de seguimiento y ejecución de las iniciativas.
La Personería examina igualmente las actuaciones de Laura Vanessa Rangel Acosta como directora de Planeación Institucional, particularmente los conceptos y certificaciones relacionados con la viabilidad de los proyectos y sus condiciones de financiación.
En el caso de Dayron Oswaldo Aguilera Cárdenas, la actuación disciplinaria comprende sus funciones de asesoría jurídica y su participación en la revisión de decisiones administrativas relacionadas con la aprobación de los proyectos y la designación de su ejecutor.
La providencia desarrolla hipótesis disciplinarias individualizadas, pero advierte que la investigación deberá determinar si las conductas efectivamente ocurrieron, si constituyen faltas y cuál sería la responsabilidad atribuible a cada servidor.
Uno de los elementos que motivaron la suspensión provisional fue la permanencia de varios investigados en cargos con capacidad de intervención sobre la documentación, los procedimientos y las decisiones administrativas relacionadas con los proyectos.
La Personería consideró que existían riesgos de interferencia en la práctica de pruebas, continuidad de determinadas actuaciones o reiteración de conductas similares, razón por la cual dispuso separar temporalmente de sus funciones a seis servidores públicos.
La medida fue decretada por tres meses y sin derecho a remuneración, conforme al artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, que regula la suspensión provisional dentro de las investigaciones disciplinarias.
El expediente contiene, además, un elemento relacionado con la continuidad de los procedimientos administrativos examinados.
Según los documentos incorporados a la investigación, durante septiembre de 2026 se adelantaron actuaciones relacionadas con cinco nuevos proyectos que involucran recursos superiores a $174.211 millones.
La Personería identificó que varias de las dependencias y funcionarios que participaron en los proyectos aprobados en diciembre de 2025 mantenían responsabilidades en la formulación, revisión, viabilidad y aprobación de estas nuevas iniciativas.
Por esa razón, el organismo consideró necesario analizar el riesgo de que se repitieran los procedimientos cuestionados y la eventual intervención de los mismos funcionarios en decisiones sobre nuevos recursos públicos.
La suma corresponde al valor de proyectos identificados en la providencia y examinados para evaluar la continuidad de los riesgos administrativos.
La Personería también dispuso compulsar copias de las actuaciones a la Fiscalía General de la Nación para que determine si existen hechos con relevancia penal.
La solicitud comprende la posible participación del alcalde Jonathan Vásquez, de la exalcaldesa encargada Ingrid Julieth Armesto Salgado y de otros funcionarios y particulares que intervinieron en los procedimientos administrativos y contractuales.
Entre las conductas que el organismo considera necesario poner en conocimiento de las autoridades penales aparecen posibles irregularidades en la celebración de contratos, decisiones administrativas contrarias a la ley, manejo de recursos públicos y documentación incorporada a los procedimientos.
La providencia identifica igualmente a particulares vinculados con los procesos contractuales adelantados por Foncolombia y ordena examinar aspectos relacionados con la participación de oferentes, el cumplimiento de requisitos y la ejecución de los contratos.
Entre los asuntos que deberán verificarse se encuentran las condiciones de competencia, la presentación de propuestas, las relaciones entre contratistas y las circunstancias en las que se adjudicaron determinadas obras.
El expediente también deja abierta la revisión de posibles restricciones legales aplicables a la contratación estatal durante el periodo electoral, así como la relación entre esas disposiciones y los procedimientos utilizados por el fondo ejecutor.
La actuación de la Personería incluye la solicitud de documentos a la Alcaldía, Foncolombia y otras entidades; la incorporación de expedientes contractuales y administrativos; y la práctica de testimonios destinados a establecer las circunstancias en las que fueron adoptadas las decisiones.
Entre las pruebas requeridas se encuentran documentos relacionados con los estudios previos, los conceptos de viabilidad, los presupuestos, las certificaciones, las comunicaciones institucionales, los actos administrativos, los contratos, los procesos de selección y las actuaciones de seguimiento.
La decisión también contempla la comunicación de las medidas a las autoridades competentes y el cumplimiento del procedimiento de consulta establecido por el Código General Disciplinario.
El proceso disciplinario se desarrolla alrededor de cuatro proyectos aprobados en diciembre de 2025 y de nuevas decisiones administrativas que, según la Personería, podrían reproducir los riesgos inicialmente identificados.
La responsabilidad de los funcionarios, la legalidad de la designación de Foncolombia, la validez de los soportes técnicos, el manejo de las estampillas y la existencia de eventuales perjuicios al patrimonio público son asuntos que permanecen sujetos a investigación.
El caso tuvo un nuevo desarrollo en las últimas horas cuando el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por presuntas irregularidades en la contratación de proyectos financiados con más de $119.000 millones de regalías de Barrancabermeja.
Según la Presidencia, Foncolombia adjudicó siete procesos contractuales que, de acuerdo con los documentos examinados por el Gobierno, no fueron publicados en SECOP II.
El mandatario aseguró que seis de los siete procesos tuvieron un único oferente y que cuatro de los cinco contratos de obra fueron adjudicados a empresas vinculadas con Jorge Humberto Argüello Beltrán, conocido como “El Bachiller”.
Los señalamientos comprenden contratos de infraestructura vial, instituciones educativas y proyectos de energía solar. La denuncia presidencial también solicita investigar posibles acuerdos restrictivos de la competencia y otras conductas relacionadas con la contratación pública.
La cifra de $119.000 millones presentada por la Presidencia corresponde al alcance de su denuncia y no debe confundirse con los $107.420 millones identificados en la actuación inicial de la Personería.
Tampoco debe sumarse automáticamente a los $174.211 millones de nuevos proyectos mencionados en el auto, porque se trata de conjuntos de actuaciones cuyo grado de coincidencia requiere verificación.
El alcalde Jonathan Vásquez rechazó las acusaciones y defendió la designación de Foncolombia. Según explicó públicamente, la administración distrital escogió al fondo para ejecutar los proyectos, mientras que la selección de los contratistas correspondió a esa entidad. El mandatario manifestó su disposición a que las autoridades revisen la contratación y el destino de los recursos.
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