Así estaba la favorabilidad de Uribe, Santos y Petro cuando anunciaron reformas a la Constitución

La historia constitucional reciente de Colombia ha sido marcada por tres episodios en los que presidentes en ejercicio han promovido reformas a la Carta Política con objetivos de alto impacto político.

Mientras Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos impulsaron reformas para habilitar o permitir su reelección presidencial inmediata, el actual mandatario, Gustavo Petro, ha planteado la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con el argumento de que el Congreso bloquea sus reformas estructurales.

Sin embargo, los contextos de favorabilidad ciudadana, orden público, salud y estabilidad económica en cada uno de estos escenarios han sido sustancialmente distintos, lo cual ha generado mayor controversia alrededor de la iniciativa del actual gobierno.

Álvaro Uribe Vélez (2004)

En 2004, el entonces presidente Álvaro Uribe lideró una reforma constitucional que modificó el artículo 197 de la Constitución para permitir la reelección presidencial inmediata por una sola vez.

Esta modificación se tramitó por vía legislativa, siguiendo el procedimiento ordinario de acto legislativo, y fue avalada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1040 de 2005.

Para ese momento, Uribe contaba con índices de favorabilidad que superaban el 70 %, según encuestas de Invamer Gallup.

El país atravesaba una recuperación del orden público gracias a la política de seguridad democrática, que permitió la reducción de homicidios, secuestros y ataques a la infraestructura.

En el frente económico, el crecimiento del PIB fue del 5,3 % en 2004, con inflación controlada y una tasa de cambio estable en torno a los 2.600 pesos por dólar.

El sistema de salud, si bien presentaba dificultades estructurales, no se encontraba en crisis financiera, y las EPS cumplían su función con relativa continuidad.

Meses después de sus anuncios constitucionales, la congresista Yidis Medina se confesó, evidenció dádivas para votar por la reelección y finalmente fue condenada, junto a varios miembros del gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Juan Manuel Santos (2015)

Diez años después, Juan Manuel Santos impulsó la reforma al equilibrio de poderes, mediante el Acto Legislativo 02 de 2015, que eliminó la reelección presidencial.

En su momento, Santos ya había sido reelegido en 2014 y no buscaba una nueva postulación, pero su iniciativa fue interpretada como un acto de desmonte del esquema que había permitido su permanencia. Su imagen favorable oscilaba entre el 35 % y el 45 %, dependiendo de los ciclos del proceso de paz.

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La situación de seguridad, si bien se había deteriorado en algunas zonas rurales, se encontraba en una fase de desescalamiento con el inicio de negociaciones formales con las FARC en La Habana.

El sistema de salud experimentaba tensiones fiscales pero no había intervenido ninguna EPS de forma masiva.

En términos económicos, el país creció al 3,1 % ese año, la tasa de cambio rondaba los 2.800 pesos por dólar y la inflación se mantenía bajo control.

Gustavo Petro (2025)

En contraste con los anteriores escenarios, el presidente Gustavo Petro ha anunciado, a través de su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, su intención de convocar una Asamblea Nacional Constituyente de “origen popular”, al margen del procedimiento previsto en el artículo 376 de la Constitución.

La propuesta se produce tras la expedición del Decreto 0639 de 2025, que convoca una consulta popular por fuera del trámite legislativo ordinario y ha sido ampliamente calificado como inconstitucional.

La diferencia central radica en que Petro hace este anuncio con una imagen favorable inferior al 30 %, según las encuestas más recientes de Invamer y AtlasIntel.

Su gobierno enfrenta un deterioro evidente de la seguridad pública: aumento de masacres, secuestros, extorsión, presencia de disidencias armadas, y el fracaso de varios ceses al fuego.

Grupos como el ELN y la Segunda Marquetalia han cuestionado públicamente al Ejecutivo, y los voceros paramilitares retiraron su participación como gestores de paz.

En el plano económico, el país experimenta un crecimiento por debajo del 2 %, con una inflación que ha afectado el poder adquisitivo, una reducción en la inversión extranjera directa y una tasa de cambio que ha superado los 4.200 pesos por dólar en distintos momentos del último año.

El sistema de salud, por su parte, está en estado crítico, con intervenciones a EPS sin una red clara de reemplazo, giros desordenados de recursos y múltiples quejas de pacientes sin atención oportuna.

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