A raíz de los constantes accidentes, el abuso a los consumidores y el  excesivo ruido, la Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde de Cartagena, William Dau, evaluar la suspensión inmediata de las actividades recreativas, deportivas, sociales y de explotación comercial en las playas urbanas, rurales y de los bienes de uso público, como las aguas marítimas y zonas de bajamar, en Playa Blanca, Cholón y otras áreas.