Citan a imputación de cargos a 22 empresarios brasileros y colombianos por caso Odebrecht

El Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Fiscalía General de la Nación presenta un importante resultado en el marco del entramado de corrupción desarrollado por la multinacional brasileña entre los años 2009 y 2016 en Colombia, relacionado con la línea de investigación denominada:  ́Métodos estructurados para pagos ilegales ́.

La evidencia física recolectada permite, con suficiencia probatoria, establecer que desde la sede matriz de la empresa en Brasil se creó el Departamento de Operaciones Estructuradas que estaba dedicado exclusivamente a la distribución de sobornos en todo el mundo y con lo cual consolidaron su accionar delincuencial.

Este modelo se replicó en Colombia. Con ofrecimientos y entrega de dinero contaron con la ayuda de altos funcionarios del gobierno como ministros y directores de institutos; congresistas, funcionarios públicos de distintos niveles, lobistas, contratistas y particulares, quienes realizaron actuaciones ilegales que favorecieron a la multinacional brasileña.

Así se consolidó una empresa criminal paralela que al parecer logro la adjudicación del contrato.

En Colombia y a través del Departamento de Operaciones Estructuradas se materializó el pago de sobornos; área que se caracterizó por ser secreta y distante de la oficial, pero paralela a las actividades propias del contrato. El manejo tenía como único fin cumplir acuerdos económicos producto de los contratos obtenidos.
El entramado delincuencial tenía 3 fases: (i)conseguir los mega contratos, (ii) modificar el objeto del contrato y (iii) cancelar dádivas.

Dádivas, que era pagadas a través de empresas  ́offshore ́ (ubicadas fuera del país donde se ejecutaba el proyecto y en paraísos fiscales). Utilizando para Colombia las empresas Klienfield Services Limited e Intercorp Logistics Ltda.
El manejo financiero fue gestionado a través de una Fiducia que coadyuvó a dar un manto de legalidad a los movimientos financieros ilegales adelantados.

Los peritos financieros de la Fiscalía advirtieron que para el manejo de los recursos se habría implementado y diseñado un procedimiento de seguridad que incluía dos sistemas. El primero conocido como  ́MyWebDay ́ con el cual se hacían las solicitudes, procesaban, rastreaban y justificaban los sobornos. Todo  ́en la sombra ́ del presupuesto original del proyecto. El segundo sistema es  ́Drousys ́, usado para las comunicaciones de los integrantes del consorcio, operadores financieros externos y los coasociados, usando para ello, correos electrónicos y mensajería instantánea. La confidencialidad era la regla para ocultar la identidad de los beneficiados de los pagos por eso se usaban nombres claves, códigos y contraseñas.

Los sobornos no eran registrados en los balances contables, pero sí eran enviados a compañías financieras en el exterior, luego y para distanciar el beneficiario de los sobornos, las transferencias se escalonaban hasta cuatro niveles, para ello contaban con empresas contratistas quienes a través de órdenes de pago o de servicios entregaban las dádivas pactadas. El soborno era cancelado en dinero en efectivo, transferencias electrónicas o mediante la compra de activos, como lo fue bienes inmuebles.

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Los sobornos

En al menos ocho años la multinacional Odebrecht (empresa dominante del Consorcio que ejecutaba la Ruta del Sol II) se apropió de recursos públicos en beneficio propio, así como para el pago de sobornos por más de $80 mil millones.

Identificándose que la empresa Odebrecht, suscribió el contrato de concesión Proyecto Ruta del Sol, sector II, el 14 de enero de 2010 por valor de 2 billones de pesos, cuyo objeto era la construcción y concesión de 528 kilómetros que comunicarían el centro y norte del país, vía conocida como la Ruta del Sol, sector II. El pago de sobornos por esta adjudicación alcanzó los $11.493 millones. Según la investigación, el dinero fue recibido por un exviceministro que ya recibió una condena.

Para desarrollar el proyecto, en diciembre de 2012 logró a través de dos congresistas firmar un acuerdo de estabilidad jurídica con el Ministerio de Transporte que le brindó a Odebrecht beneficios tributarios por más de $145 mil millones en tres años. Varios congresistas para la época de los hechos recibieron al menos $3.536 millones por el lobby que realizaron para obtener este beneficio en favor del concesionario.

En desarrollo del proyecto nuevamente buscaron la manera de modificar las condiciones contractuales iniciales. Entre marzo y octubre de 2013 se suscribieron ocho otrosíes que causaron un detrimento al Estado colombiano por más de 120 mil millones de pesos, por cuanto se cancelaron tramos que no se ejecutaron, así como por el no cobro de multas por incumplimientos en la ejecución de la obra y modificaciones en el objeto contractual. Los ocho restantes otrosíes les facilitó obtener flujo de caja, eliminar y adicionar obras y, ajustar el presupuesto en favor del contratista.

Se estableció que varios funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), encargados de proyectar, aprobar y materializar tales pretensiones habrían recibido en sobornos más de $1.028 millones.

Finalmente, con la suscripción de dos otrosíes se autorizó le ejecución de estudios y diseños para la construcción del tramo  ́Ocaña – Gamarra ́, con el primero de ellos por valor de $3.177 millones se realizaron los estudios y deseños y con el otro se autorizó, en contravía de los presupuestos que rigen la contratación pública, la construcción y ejecución del tramo por un valor superior de $676 millones. Actuar que les permitió a través de una adición de una obra en contravía del objeto pactado en el contrato original, la cual no contó con los conceptos y estudios del COMPES y el CONFIS, normas exigidas para el efecto.

Para obtener la adjudicación de este nuevo tramo, presuntamente se pagó a congresistas, políticos, empresarios, particulares, contratistas y funcionarios de la ANI un monto superior a los $53 mil millones.
Una vez aprobada la adición, para direccionar el dinero para el pago de los sobornos fue implementado un modelo de subcontratación y tercerización de actividades. De esta manera se habría suscrito contratos de actividades inexistentes, las cuales no fueron ejecutadas, si cobradas con sobrecostos y soportes falsos.

Imputación a directivos

La Fiscalía General de la Nación formulará cargos a directivos de la multinacional Odebrecht como presuntos determinadores y articuladores de la apropiación ilegal de recursos públicos. Se trata del presidente del Conglomerado Odebrecht entre 2008-2015, Marcelo Odebrecht; el presidente de la Concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracutti; Luiz Antonio Mamerri, Eleuberto Antonio Martorelli, Luiz Antonio Bueno Junior, Ricardo Paredes, Yezid Augusto Arocha, Amilton Hideaki Senday, Luiz Batistas Filho, Marcio Marangonni, Manuel Ricardo Cabral Ximenez y Luiz Claudio Texeira. Estas personas serán imputadas por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.

Contratistas citados a imputación

Se formulará cargos contra los dos representantes legales de la empresa Midas S.A.S., Wilson Ruiz Tello y Carlos Emilio Abuabara Vega por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado porque habrían suscrito dos contratos por valor de $3.931 millones. De este contrato se habría direccionado 2 mil millones de pesos al lobista Otto Bulla. Además, estas dos personas habrían tomado para cada uno $260 millones del total de los contratos. Así mismo, al exalcalde de Gamarra (Cesar), Gabriel Alberto Giraldo Escudero, y su hermano Jaime Heli Giraldo Escudero, por su intervención en la Compañía Midas S.A.S, para el pago de los sobornos. 

Por último, a los Socios propietarios de Midas S.A.S. Lina María Bermúdez Aljuri y Diego José Mantilla Velásquez, serán imputados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares ya que habrían permitido usar su empresa para entregar dinero a terceros por disposición de los directivos de Odebrecht.
Imputación a lobista.

Luis Bernardo Villegas Giraldo, es llamado a imputación por presuntamente realizar lobby ante funcionarios de la ANI para que rindieran concepto favorable de cuatro de los otrosíes del contrato 001 de 2010, por el cual se adjudicó la Ruta del Sol II. La persona al parecer recibió en total $9.542 millones. El cobro de sus honorarios habría sido cancelado por intermedio de tres empresas, la primera de ellas, era de su esposa Carolina de Nubila, la otra de su hijo Andrés Felipe Villegas Aguirre, y la tercera, de Hugo Alejandro Buitrago Beltrán. Por lo anterior, a estas cuatro personas la Fiscalía les formulará cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Odebrecht en cifras

El arduo trabajo del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Fiscalía General de la Nación permite presentar resultados contundentes durante la administración del Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado, en el periodo 2020 – 2023.

Ruta del Sol II.
• Pago de sobornos por más de $79 mil millones.
• Beneficios tributarios por más de 145 mil millones de pesos.
• Beneficios contractuales por conceptos de Otrosíes en más de $190 mil millones.

Campañas electorales.
• Aportes a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos de $3.540 millones.
• Aportes a la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga de $3.045 millones.

Tunjuelo Canoas.
• Más de $91 mil millones.

Navelena soborno
• Más de $900 millones.

Estos dineros ilícitos sumados a otros pagos corruptos permiten afirmar que los daños causados por Odebrecht a Colombia suman más de $514 mil millones, de los cuales por principio de oportunidad se han logrado recuperar más de $19 mil millones. Lo que concluye que Odebrecht le debe al estado más de $494 mil millones producto de actividades ilegales.

Con relación a las personas investigadas se tienen los siguientes resultados:
• Solicitudes de imputación: 93
• Imputaciones realizadas: 20
• Escritos de acusación presentados: 17
• Principios de oportunidad: 4

•Sentencias condenatorias: 11
 

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