Al tiempo que la atención en el país se concentra en afrontar la pandemia del coronavirus, en medio del sigilo y con polémicas decisiones contractuales, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, con el apoyo de la alcaldía de Cartagena, se aprestan a adjudicar las obras para la protección de las playas. Un negocio con inversiones públicas por $160.000 millones que entró en su recta definitiva con empresas participantes en el ojo del huracán.
La obra tuvo vía libre como una de las últimas determinaciones finales del segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos. De hecho, tres semanas antes de terminar ese periodo, se aprobó el documento Conpes 3937 del 13 de julio de 2018 con el propósito de mitigar la erosión costera en Cartagena. Una iniciativa fundamentada en calamidad pública y de importancia estratégica por el gobierno.
Con antecedentes precisos. Se evidenció qué por la intervención humana, cambio climático y desastres naturales, 86 puntos de la Costa Atlántica registraron deterioro en los últimos años. Entre ellas, la pérdida 0,5 a 5 metros de playa al año. Con un agravante, la zona más afectada fue Cartagena, especialmente en el tramo del Laguito al Túnel de Crespo. Un sector en donde se generan perjuicios a medio millón de personas entre habitantes y turistas.
Por ello, se decidió intervenir siete kilómetros de la ciudad mediante la ejecución de obras de mitigación en los sectores de Crespo, Marbella, Cabrero, Centro Histórico, Bocagrande, Laguito y Castillo Grande. Un entorno de diez barrios en donde se encuentran ubicados 83 complejos hoteleros. Proyecto para el cual la Nación destinó $100.000 millones y la alcaldía de La Heróica, otros $60.000 millones.
Y empezaron los problemas con la convocatoria pública que hizo la UNGRD a fin de invitar a las empresas a desarrollar el proyecto. Así las cosas, casi un año y medio después de expedido el Conpes comenzó el recorrido legal de la obra.
Al respecto, Gerardo Jaramilo, subdirector de la entidad precisó qué según el manual de contratación, “contempla un procedimiento expedito ajustado a la norma, en el cual se solicitan al menos 3 cotizaciones a empresarios del sector y se verifica el cumplimiento de unos requisitos financieros, técnicos y jurídicos y se le invita a celebrar el contrato”. Advirtió además que se aplica un procedimiento que no da lugar a ninguna clase de favorecimiento frente a alguno de los proponentes. (Ver al final entrevista).
El 17 de noviembre del año pasado, la UNGRD publicó la convocatoria. Un desarrollo exprés que determinó que hasta el 15 de diciembre los interesados podrían entregar documentos para acreditar experiencia y capacidad, a fin de conformar un listado de empresas preseleccionadas.
Un listado de compañías conformado por 32 oferentes elegidas para presentar una oferta formal el pasado 4 de febrero, según pronunciamiento del comité de selección en cabeza de Gerardo Jaramillo Montenegro, subdirector general de la entidad delegado por el director de la UNGRD, Eduardo José González. Un funcionario cuestionado por estos días, por líos en la entrega de ayudas a personas vulnerables por el Covid-19.
Así las cosas, en menos de una semana, las cosas se siguieron enredando. El 6 y el 12 de febrero aparecieron en el proceso dos nuevos oferentes. En otras palabras, preseleccionaron a 32 compañías y después del plazo estipulado aparecieron dos fuera del término legal, comentó uno de los participantes en la convocatoria.
Un hecho, que según se evidencia en el proceso, se produjo porque la entidad se equivocó en la evaluación del proceso, las descartó y luego corrigió el error incorporando a dos aspirantes.
Se trata de los proponentes Consorcio de Intervención Costera Cartagena 2020, integrado por las empresas Mota-Engil Latam Col S.A.S en un 99.90% y Mota Engil Perú S.A. Sucursal Colombia que tiene el 0.10% restante de participación.
Un segundo oferente es Consorcio Protección Costera Cartagena conformado por las empresas WVG Constructores E Infraestructura Ltda Sucursal Colombia, cada una con el 50% en participación.
“Para la entidad, la mejor carta de presentación de la idoneidad del proceso fueron los 32 preseleccionados. Eso les permitía decir que el proceso gozaba de todas las garantías y transparencia, pues era evidente la pluralidad de proponentes. Sin embargo, todo ese argumento se les cayó cuando solo dos presentaron propuesta formal”, aseguró, un veedor ciudadano.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, revisó historia, antecedentes y trayectoria de ambos consorcios que disputan la convocatoria del proceso de protección costera y las compañías que los integran.
En el caso del Consorcio de Intervención Costera Cartagena 2020, de origen mayoritariamente portugués, se registra que la Contraloría General de a República le sigue los pasos a una de sus firmas integrantes.
De hecho, a finales de noviembre del año anterior, el organismo fiscal ordenó indagación contra Mota-Engil por la entrega y ejecución de contratos por cerca de medio billón de pesos por parte del ministerio de Educación, para construcción de 248 colegios a través de Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE)
Otro reparo es por la construcción de un tramo de la Gran Vía Yuma, ubicada en el departamento de Santander. Un contrato que se habría adjudicado en el año 2009. Es señalada además por su falta de experiencia específica.
Frente al segundo proponente Consorcio Protección Costera Cartagena, una de las empresas que la conforma, WVG Constructores e Infraestructura Ltda, se ha denunciado que apenas fue registrada el año pasado y Carlos Imbachi Guerrero es su representante legal.
Según una comunicación entregada a la UNGRD, “Imbachi Guerrero fue interventor de un contrato suscrito por Manuel Causil Díaz y por el cual la Procuraduría provincial de Magangué destituyó por diez años para ejercer cargos públicos al exalcalde de Majagual Carlos Cabarcas, debido a que se desembolsó el total de los recursos de un proyecto de 64 viviendas sin que éstas se ejecutaran en su totalidad y sin que se le aplicaran las pólizas de cumplimiento”.
También se le relaciona como representante legal de Fema Industrias de Ingeniería. Con una particularidad y es que esta compañía hizo parte del Consorcio Colegios del Huila, empresa que a su vez tiene reparos porque integró la Unión Temporal Uninal Cesar.
Esta última es conocida porque, según documentos conocidos por esta Agencia, se habría asociado con Matriz Española Construcciones Vera mencionada en el lío por las obras no concluidas de los Juegos Nacionales de Ibagué.
El subdirector de la entidad, Gerardo Jaramillo, expresó que el proceso se encuentra en la etapa de evaluación de las propuestas y para ello se han aplicado principios de transparencia y selección objetiva con una página web exclusiva en donde se divulgan todos los documentos del proceso, con amplia información pública y atendiendo requerimientos y observaciones de los interesados.
Un abogado experto en contratación, aseguro que la UNGRD cree estar en el régimen privado del proceso de selección y por eso acepta sin mucho reparo que se modifiquen las propuestas. “Creen que bajo ese régimen no infringen el principio de igualdad y este rige para cualquier tipo de contratación”.
El coletazo de las actuaciones contractuales de la entidad se sintió de inmediato. Casi en bloque, los oferentes iniciales tomaron la determinación de no continuar participando en el proceso. Reconocidas empresas de ingeniería de Colombia, Estados Unidos, China, Holanda, España e Italia, decidieron no presentar oferta.
Voceros de varias compañías consultados por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, manifestaron que, “la falta de garantías, un proceso sin reglas claras y los precios, nos llevaron a tomar la decisión de no ofertar”.
En esencia, los empresarios expresaron que la convocatoria estuvo mal planeada y consideraban que podía generar riesgo en la ejecución, lo cual generó desconfianza por falta de transparencia y claridad en el proceso de selección.
Curiosamente, en este proceso hay unidad de conceptos por parte de veedurías y veedores ciudadanos. Henry Anaya, presidente de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, asegura que hay una alerta ciudadana en el proceso por los términos en que se ha efectuado la convocatoria y su desarrollo posterior. Asegura el veedor que “es evidente que hay un favorecimiento en el proceso”.
Por esta razón ha oficiado a varios organismos de control y a la misma UNGRD advirtiendo la situación. Al respecto, y al responder varias inquietudes sobre el proceso, Gerardo Jaramillo, subdirector de la entidad, expresó en una carta de respuesta de 10 páginas en donde explica los antecedentes del proceso de contratación, que no accede a la descalificación de uno de los proponentes y que solicitará mayor información al respecto sobre “sanciones, inhabilidades o cualquier conducta que implique su descalificación en el marco del proceso de selección que se adelanta”.
A su vez, Juan Carlos Calderón España, representante legal de la Veeduría Ciudadana Recursos Sagrados, dirigió una comunicación a la UNGRD, en donde solicitó declarar desierta la elección del contratista.
Según Calderón España, el Consorcio Intervención Costera Cartagena 2020 no cumple con varios requisitos técnicos requeridos. En cuanto al Consorcio Protección Costera Cartagena, no da garantías de idoneidad en parte del personal técnico ofrecido para adelantar las obras de mitigación. En ambos casos, la UNGRD indicó que continuará con el proceso.
A estos reparos se suma qué a comienzos de esta semana, el oceanógrafo físico Jairo Aguilera Quiñones, denunció ante Germán Moreno, jefe de la oficina de Control Interno de la UNGRD presuntas fallas estructurales, técnicas y económicas en el proceso.
Asegura por ejemplo, que el presupuesto para los espolones en varios sectores es insuficiente, además que han pasado tres años y no se han actualizado los diseños por lo cual las obras que se van a contratar tienen diferencias, entre otros aspectos.
La protección costera, de sus playas y de miles de habitantes y turistas de Cartagena se adjudicará próximamente, una vez se reanuden los términos del proceso, en medio de un sunami de reparos que por ahora contiene el gobierno a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, hoy en boca de muchos por las ayudas a los más necesitados por el coronavirus.
“No hay favorecimiento alguno”, Gerardo Jaramillo, Subdirector UNGRD
Se habla de favorecimientos a dos firmas que finalmente presentaron ofertas, ¿que piensa al respecto?
El Proyecto de Protección Costera de Cartagena se enmarca dentro de las declaratorias de calamidad pública con ocasión a los Riesgos de la erosión costera en la zona del litoral costero, decretadas por el Distrito de Cartagena de Indias.
Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto derivado de una situación de calamidad, la contratación derivada se somete a los requisitos que establece la ley para la contratación entre particulares según lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 y para ello se debe acudir a lo señalado en el Manual de Contratación del FNGRD, que de manera general contempla un procedimiento expedito ajustado a la norma, en el cual se solicitan al menos 3 cotizaciones a empresarios del sector y se verifica el cumplimiento de unos requisitos financieros, técnicos y jurídicos y se le invita a celebrar el contrato.
No obstante, en razón a la relevancia del proyecto y de acuerdo con las concertaciones realizadas con el Concejo Distrital y con las distintas entidades regionales, la UNGRD diseñó un Procedimiento Especial de Contratación, para elegir de manera transparente y objetiva a la mejor propuesta.
El procedimiento tiene 2 fases, a saber, la conformación de una lista corta de posibles oferentes y la recepción de propuestas y selección de la mejor propuesta.
En la primera fase, se realizó un anuncio de la convocatoria, publicación en medio de comunicación de cobertura nacional, inscripción de los interesados a quienes se solicitó información y conformación empresarial para la ejecución de un proyecto de tal envergadura, la verificación de dicha información por el Comité de la UNGRD
Durante esta etapa se dieron a conocer los requisitos generales (habilitantes) del proceso de selección, los cuales serían exigibles en el momento de la presentación de la propuesta (FASE II) y respecto de ellos, se concedió un periodo para observaciones y aclaraciones, habiéndose respondido 368.
Cuando se tuvo todo este procedimiento, 49 interesados manifestaron interés y el listado corto se conformó por 32 empresas que cumplieron con esa primera verificación relativa a conformación empresarial.
El 4 de febrero de 2020 se remitieron las invitaciones a cotizar a las 32 empresas habilitadas, adjuntando los anexos técnicos, estudios y diseños y los factores de selección para la conformación de la propuesta.
Posteriormente, se recibieron 450 solicitudes de aclaración a los documentos del proceso hasta el 6 de marzo de 2020, las cuales fueron respondidas el 10 de marzo de 2020.
El 19 de marzo de 2020 se realizó el cierre de la recepción de propuestas y apertura de las mismas.
Por su parte la segunda fase del procedimiento inició con la conformación de los tres (3) Comités Evaluadores, que procederían a evaluar los componentes técnico, financiero y jurídico de las propuestas que fueron presentadas el 19 y 26 de marzo, para obra e interventoría respectivamente.
Actualmente nos encontramos en la etapa de evaluación de esas propuestas presentadas.
Teniendo en cuenta el procedimiento que se explica de manera general, la UNGRD ha actuado respetando los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal y se puede evidenciar que el mismo no da lugar a ninguna clase de favorecimiento frente a alguno de los proponentes.
2. Otros oferentes y veedurías han denunciado que no presentaron ofertas por falta de garantía y transparencia?
La UNGRD, desde el inicio del proceso de selección, ha garantizado los principios que regulan la función pública, particularmente en lo atinente a los principios de transparencia y de selección objetiva, de la siguiente forma:
- Se cuenta con una página web dedicada de manera exclusiva a la publicación de todos los documentos que hacen parte del proceso https://proteccioncosteracartagena.co
- Los anuncios más relevantes que se han realizado a la fecha se han hecho a través de prensa escrita y digital de cobertura nacional y regional, garantizando un mayor cubrimiento.
- Se han abierto todas las opciones de observaciones posibles a los documentos jurídicos, técnicos y financieros, habiendo respondido más de 800 observaciones en los procesos de selección.
- Una muestra clara de la transparencia y las garantías brindadas a los interesados es que, es el procedimiento de selección de alta importancia para el nivel nacional en el que más interesados se han presentado, incluyendo empresas internacionales.
- Todas las modificaciones y las distintas evaluaciones que se han realizado en el procedimiento han sido debidamente comunicadas a los interesados, a las veedurías, a los entes de control, a la Secretaría de Transparencia de la Vicepresidencia de la República.
- La integración de los Comités Evaluadores ha sido publicada, así como las hojas de vida de los mismos y las manifestaciones de conflictos de intereses de estos, demostrando la idoneidad y transparencia de quienes están a cargo de tan importante labor.
- Se realizó mediante transmisión en vivo la recepción de las propuestas, para todos aquellos que estuviesen interesados, invitando a los entes de control y autoridades nacionales y regionales, a acompañar la transmisión
3. Cuándo se adjudicará el proceso entonces?
El pasado 21 de abril de 2020 se expidió Resolución No. 267 mediante la cual se suspenden los términos del Procedimiento Especial de Contratación Derivada en el marco del Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-257-2018 celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -FNGRD- y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, teniendo en cuenta que la UNGRD ha requerido a los distintos entes de control, Secretaría de Transparencia para tener conocimiento de los antecedentes y el estado de los procesos en curso de los distintos proponentes de obra e interventoría, en aras de verificar e identificar la presunta comisión de: (i) prácticas corruptivas, (ii) prácticas fraudulentas, (iii) prácticas coercitivas, (iv) prácticas colusorias, (v) prácticas obstructivas, (vi) prácticas contrarias a la transparencia y (vii) prácticas ilegales, por parte de quienes participan del procedimiento especial de contratación y que puedan llegar a afectar el ordenamiento jurídico o poner en peligro el patrimonio público.
