Con el inicio del juicio en contra de Luis Ignacio Lyons España, otrora abogado de los excongresistas Mussa Besaile y Álvaro Ashton, se reactivó uno de los escándalos más grandes de presunta corrupción, al interior de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conocido mediaticamente como el cartel de la toga.
Un pago de millonarios sobornos documentado por la justicia que tiene enredados a quienes fueran magistrados del máximo tribunal de justicia, tres abogados con intereses cruzados y un congresista intentando cambiar una decisión en su contra.
Hoy, con el expediente activo y público y. un macro proceso en instancias definitivas se conocen nuevos detalles que evidencian el cruce de favores judiciales a cambio de millonarias sumas de dinero a los otrota administradores de justicia y sus regentes más destacados.
La historia se remonta al 8 de junio de 2007 cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la apertura de investigación en contra del entonces congresista Musa Besaile por el delito de concierto para delinquir agravado.
Para el alto tribunal el legislador se había constituido en una pieza clave en el proyecto político y social del grupo delincuencial que comandaba Salvatore Mancuso, Santander Lozada o Triple Cero, como líder de las autodefensas en el departamento de Córdoba.
Sin embargo, a pesar de los testimonios de Carlos Andrés Padilla alias “Visaje” en el marco del proceso de Justicia y Paz quien detalló los vínculos del entonces congresista con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC y qué meses después fue ratificada por Salvatore Mancuso, el proceso avanzaba lento.
De manera casi simultánea, en el año 2012 Gustavo Malo fue elegido como magistrado de la Sala Penal en reemplazo de Sigifredo Espinosa.En este despacho cursaba el proceso 27700 en contra de Besaile Fayad. Pero en el año 2014 el caso dio un giro y empezó a acelerarse.
Besaile acababa de ser reelegido como congresista por tercera vez, con 145.402 votos por el Partido de la U. Él junto con Bernardo el “Ñoño” Elías eran conocidos en el ámbito político por ser la dupla más poderosa de la Costa Caribe y dos de los más consentidos con la “mermelada” gubernamental.
Fue así como en noviembre de 2014, el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, quien posteriormente fuera nombrado jefe de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, quien le informó al abogado Leonardo Pinilla, actualmente recluido en la carcel de Monteria, que se iba a librar una orden de captura en contra del entonces senador Besaile por paramilitarismo.
La fuente de Moreno Rivera, según la Fiscalía, era otro magistrado. Se trata de Francisco Ricaurte quien se había desempeñado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura, amigo personal del magistrado Gustavo Malo y a quien Moreno, según sus declaraciones, había conocido a través y por orden del magistrado Leonidas Bustos.
El abogado Pinilla le indicó a Moreno la necesidad de alertar sobre la inminente captura al abogado de Besaile, es decir a Luis Ignacio Lyons España. Concertaron una cita entonces en el restaurante Pesquera Jaramillo, ubicado en el Parque de la 93 en Bogotá.
Según las versiones entregadas en el proceso, Lyons el abogado de Besaile le preguntó a Moreno cómo podía evitarse la captura. Este le respondió que la única manera era pagando $3.000 millones y además él actuaría como abogado de Besaile. La cita finalizó, luego de que Lyons le sugiriera a Moreno, pedirle al entonces senador $2.000 millones y no sacarlo a él del caso.
Días después se realizó una nueva reunión. Esta vez en el hotel Radisson de la calle 116 con carrera séptima en Bogotá. A esta asistieron Musa Besaile junto con su abogado Luis Ignacio Lyons y Luis Gustavo Moreno.
El entonces senador le preguntó a Moreno a que se comprometía sí él accedía a pagar ese dinero. Cómo Moreno no se mostró dispuesto a transar la suma a cambio de un auto inhibitorio, Besaile pidió hablar directamente con la persona que tuviera poder de decisión.
Se concretó una tercera reunión, esta vez en el Hotel JW Marriot de la Calle 73 con carrera séptima. Hasta ese lugar llegaron Francisco Ricaurte quien era amigo personal del magistrado Gustavo Malo y Musa Besaile.
De allí salió el siguiente acuerdo: a cambio del pago de $2.000 millones, la Corte Suprema, “ordenaría practicar nuevas pruebas, se desvincularía del caso al magistrado auxiliar del magistrado Malo, el magistrado José Reyes Rodríguez Casas y se dilataría el proceso hasta lograr la prescripción” En cuanto al dinero se estableció que este se entregaría en dos contados, “cada uno de mil millones”.
Así mismo, acordaron que el 10% de la suma total, es decir, $200 millones serían para Luis Gustavo Moreno y para el abogado de Besaile, Luis Ignacio Lyons. También, de ese porcentaje se le daría una parte a Leonardo Pinilla por haber gestionado la primera reunión entre Moreno y Lyons.
Días antes de la Semana Santa de 2015, en la oficina del abogado de Musa Besaile, Luis Ignacio Lyons, ubicada en la carrera 13 # 93-68 oficina 506, se realizó el primer pago $390 millones. De ahí, salieron con el dinero en una camioneta Lexus hasta la casa de Luis Gustavo Moreno en la calle 123 con carrera 15. De esa suma de dinero, Lyons tomó $100 millones. El restante, es decir $290 millones Moreno se los entregó a Francisco Ricaurte.
Días después se realizó una segunda entrega con la misma cifra. Esta vez Lyons los llevó directamente a la casa de Moreno y tomó $50 millones para él. Una vez más, el restante se lo entregó, según evidencias en el proceso, a Francisco Ricaurte.
Pero esta vez Ricaurte se molestó por haber involucrado nuevamente a Lyons en la entrega del dinero y es por ello que en adelante los acuerdos y entrega dinero los hablaron directamente entre Ricaurte y Besaile.
“A partir de estos hechos es que se logra inferir que los dineros entregados por Lyons España y Mussa Besaile, tenían como destino a miembros de la Corte Suprema de Justicia en especial a Gustavo Malo y Leonidas Bustos y tenían como propósito ejecutar actos contrarios a sus debes oficiales”, resalta la Fiscalía, en documentos en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, API.
En virtud de lo anterior, la Fiscalía acusó a Lyons España del delito de cohecho por dar u ofrecer que tiene una pena de 48 a 108 meses de prisión.
Entre los elementos de prueba en poder del ente acusador, llaman la atención los memoriales que presentó Lyons España como abogado de Besaile ante la Corte Suprema de Justicia los días 11 de diciembre de 2008, 11 de noviembre de 2015, 10 de mayo de 2016, 31 de octubre de 2016, 15 de agosto de 2017. También un derecho de petición del 11 de noviembre de 2015, así como varios poderes y memoriales.
Así mismo, actas de inspección de lugares, entrevistas, evidencias de llamadas entre Luis Gustavo Moreno y Luis Ignacio Lyons, reportes de la UIAF, inspecciones judiciales q los procesos penales y disciplinarios en contra de Leonidas Bustos y Camilo Tarquino, diligencias de interrogatorios.
Son los detalles del entramado de una red de sobornos que, paradójicamente, sigue teniendo contra las cuerdas a otrora altos dignatarios de la justicia, abogados inescrupulosos, un fiscal que pagó cárcel en Estados Unidos y hace lo propio en Colombia y un congresista que con su dinero quiso pasar por encima del imperio de la ley. Un complejo proceso penal que aún tiene mucha tela que cortar.
